El Comité Andaluz de Derechos y Garantías del PP de Andalucía ha aprobado por unanimidad la expulsión de José Luis Contreras del Partido Popular tras su decisión “personal” de incorporarse al grupo independiente Unidos por Punta Umbría (UPU), que gobierna en el Ayuntamiento del municipio costero onubense.
El pasado 6 de mayo, el Consistorio anunció que Contreras se sumaba al equipo de Gobierno, asumiendo las delegaciones de Economía, Presidencia y Coordinación de Concejalías de Barrio, además del cargo de cuarto teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local.
Con su incorporación, UPU —liderado por el alcalde José Carlos Hernández Cansino— consiguió la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, al pasar de ocho a nueve ediles, mientras el PP se quedó con tres concejales, el PSOE con cuatro y Con Andalucía con uno.
Hernández Cansino calificó entonces el acuerdo como “un día tremendamente importante para Punta Umbría”, señalando que ponía “fin al bloqueo de la oposición” y permitía “avanzar en los proyectos que necesita el municipio”.
“Hecho de excepcional gravedad”
En su resolución, el PP andaluz califica los hechos de “excepcional gravedad” y argumenta la sanción de expulsión en la “deslealtad al partido y desobediencia a instrucciones de los órganos internos”.
Según el texto, la conducta de Contreras constituye una “violación muy grave” de los Estatutos Nacionales del PP (artículo 16.1.d), por “manifiesta deslealtad al partido”, al incorporarse “unilateralmente” a un gobierno de signo político contrario, “quebrantando los vínculos de confianza y solidaridad que sustentan la pertenencia partidista”.
Asimismo, el PP-A invoca el artículo 16.1.e), al señalar la “persistencia en la conducta infractora” pese a los requerimientos expresos de la Secretaría General Provincial (22 de mayo) y del Comité Ejecutivo Provincial (26 de mayo), lo que constituye “desobediencia reiterada y contumaz”.
Reacciones políticas
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Punta Umbría, Rosa Crespo, calificó la decisión del edil como un acto de transfuguismo político, que “nada tiene que ver con los intereses del municipio ni con el bienestar de los puntaumbrieños”.
Por su parte, el PSOE de Punta Umbría advirtió de que el nombramiento de un concejal “tránsfuga” podría comprometer la legalidad de futuras inversiones y recordó que la Ley de Bases del Régimen Local prohíbe que estos ediles reciban mejoras económicas o cargos ejecutivos. Los socialistas alertaron de que los acuerdos adoptados con su voto podrían ser nulos de pleno derecho y rozar la prevaricación o el desvío de poder.
También Izquierda Unida expresó su “rotundo rechazo” a este caso de “transfuguismo político”, que calificó como “un día triste para la democracia en el pueblo”. Su portavoz, Víctor M. Ruiz, lamentó que “la mayoría otorgada por las urnas haya sido alterada para dar poder absoluto a un gobierno que ya no representa la voluntad popular”.
