Izquierda Unida Huelva ha valorado positivamente el efecto económico para los ayuntamientos de la provincia de Huelva y la Diputación provincial con la aprobación del Real Decreto 15/2025 que permitirá que lleguen más de 26 millones de euros en entregas a cuenta a las entidades locales, una decisión “responsable” para afianzar la financiación local pese al “bloqueo de las derechas” con los Presupuestos Generales del Estado.
El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, ha solicitado tanto a la diputación como a los ayuntamientos que “prioricen” la vivienda a la hora de gastar este remanente que llega desde el Gobierno Central con el apoyo de los diputados del Grupo Plurinacional Sumar (donde se integra Izquierda Unida) ya que es “una de las principales preocupaciones de los onubenses”.
Según los datos oficiales de estimación del sistema de financiación local, en la provincia de Huelva los ingresos alcanzan a la Diputación de Huelva en 11.353.616,97 y en 5.059.656,43 € para el Ayuntamiento de Huelva.
IU señala que en pueblos medianos, donde se concentran las mayores tensiones financieras, recibirán un importante respiro. Así, Lepe recibirá 780.902 euros, Almonte 631.658,92 euros, Isla Cristina: 624.447,64 euros Moguer: 613.997,70 euros y Aljaraque 577.128,87 euros.
Vivienda antes de la situación límite
Para la formación, estos datos evidencian que era urgente actuar antes de que las corporaciones locales entraran en una “situación límite” marcada por el incremento de costes estructurales, la presión sobre los servicios sociales y el freno a las inversiones municipales.
Toti ha reseñado que “afortunadamente el Gobierno dispone de instrumentos legales para resolver este problema hoy mismo.
La aprobación del Real Decreto Ley incluye la actualización inmediata de las entregas a cuenta tanto a comunidades autónomas como a ayuntamientos, con el fin de evitar recortes forzados en servicios básicos y garantizar la estabilidad de la financiación local en 2026 y la autorización del uso de remanentes para inversiones financieramente sostenibles en 2026, una medida que, según IU, “permitirá a los municipios impulsar proyectos estratégicos sin comprometer la estabilidad fiscal” y que “deben tener como prioridad a la vivienda”.
