El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha activado una oficina de atención integral en Huelva para las personas afectadas y los familiares de las víctimas del accidente de tren de Adamuz, con el objetivo de canalizar información, tramitar ayudas e indemnizaciones y ofrecer acompañamiento administrativo a las familias.
La oficina de Huelva se encuentra operativa desde este miércoles en la Subdelegación del Gobierno, situada en la calle Berdigón 11-13, según ha informado el Ministerio en una nota de prensa. De forma paralela, se ha puesto en marcha otra oficina similar en Barcelona, en la calle Bergara, como parte del dispositivo estatal de atención a los afectados.
Además, el Ministerio ha anunciado que habilitará nuevos puntos de atención en aquellas subdelegaciones del Gobierno que sean necesarias en función del lugar de residencia de las personas afectadas. Asimismo, se pondrá a disposición el servicio ‘La Administración Cerca de Ti’, que permitirá que el personal de las subdelegaciones atienda a domicilio a quienes no puedan desplazarse a las oficinas físicas.
Esta actuación se enmarca en el plan de ayudas aprobado por el Gobierno de España, dotado con 20 millones de euros, de los que 10 millones se destinan a ayudas directas y otros 10 millones como anticipo de las indemnizaciones de los seguros, dentro del seguro de responsabilidad civil. El objetivo del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros es facilitar ayudas inmediatas y adelantar parte de las indemnizaciones para atender con rapidez las necesidades de las personas afectadas.
Las ayudas serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros, estarán exentas de tributación y se abonarán en un único pago, tanto en concepto de ayuda inmediata como de anticipo de las indemnizaciones.
La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha señalado que la oficina funciona desde las 09.00 horas de este miércoles y ha subrayado que, pese a las cuantías económicas habilitadas, “el dolor no tiene precio”. Rico ha explicado que el plazo para solicitar las ayudas será de tres meses, aunque podrá ampliarse para garantizar que se llegue “al mayor número posible de hogares”.
Asimismo, ha destacado la disposición de la Administración a desplazarse a los domicilios de las personas afectadas para explicar el procedimiento y ofrecer “todas las aclaraciones necesarias”, con el objetivo de facilitar al máximo el acceso a las ayudas y el acompañamiento institucional a las familias.
