Hace más de ocho años se implantaron las llamadas “peonadas” en el servicio de Radiología del hospital Juan Ramón Jiménez. De forma voluntaria, un equipo de técnicos y radiólogos trabaja los sábados y los domingos fuera de la jornada laboral para realizar las pruebas pendientes y evitar que se incrementen las listas de espera, hasta final del año pasado prácticamente inexistentes. Fue entonces cuando cuatro técnicos abandonaron las “peonadas” ante los impagos de la Administración que ha llegado a acumular más de un año de deuda con los trabajadores.
Así las cosas, en vez de solucionar los problemas del personal y preocuparse por los más de 2.000 estudios pendientes de realizar, los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) anunciaron hace escasas dos semanas que el servicio de fin de semana se externalizará a partir del 1 de abril, o lo que es lo mismo, se privatizará en el plazo máximo de un mes. Así lo ha denunciado el colectivo de trabajadores de Radiología del hospital al que, hasta el momento, no se le ha dado ninguna explicación al respecto.
Según han explicado, el argumento de recortar gastos carece de validez ya que el coste de realizar una radiografía en el hospital se sitúa en torno a los 48 euros frente a los 120 euros a los que se puede llegar si se realiza en una empresa externa. Además de que el servicio resulte más caro, esta decisión del SAS también va a suponer un “desperdicio de recursos públicos sanitarios tanto técnicos como humanos”. El precio de las máquinas específicas para este tipo de estudios asciende a un millón de euros cada una más el mantenimiento que hay que realizar periódicamente. A partir de abril, estos aparatos quedarán parados los fines de semana “tirando miles de euros a la basura ya que no se rentabiliza la inversión realizada”, aseguran los trabajadores; “la calidad de los servicios que presta la sanidad pública es indiscutible y estas prestaciones no pueden ser reemplazadas por la empresa privada”.
Atención al paciente
Todo ello va a ocasionar importantes perjuicios en la atención al paciente ya que pueden repercutir directamente en la salud del enfermo. Además -advierte el sindicato- las empresas externas no contemplan todos los tipos de pruebas, como algunos tipos de resonancias que requieren una mayor especialización del profesional. Con la externalización, estos estudios se hacen en camiones que se conectan a la red eléctrica del hospital y la consulta se realiza a través de la “tele-medicina” sin médico radiólogo presente que atienda al paciente, por no mencionar la dificultad añadida a la hora de localizarlo si el médico clínico que prescribe el estudio necesita contactar con él, y la imposibilidad por parte del radiólogo que informa a distancia fuera del área hospitalaria del SAS de acceder a la historia clínica del paciente y al historial de pruebas de imagen previas, lo que evidentemente causa importantes dificultades diagnósticas y puede conducir fácilmente a diagnósticos erróneos.
Ante esta situación, el responsable de Sanidad de CSI-F, César Cercadillo, asegura no entender la decisión del SAS “a menos que quiera sacudirse la presión de los trabajadores cuando exigen que se les pague después de meses sin cobrar o que tenga algún tipo de interés en las empresas externas”. Cercadillo lamenta que un servicio que funciona perfectamente, sin problemas ni irregularidades “se venda al mejor postor sin importar las consecuencias para la sanidad pública, para los trabajadores y para los pacientes”.
Finalmente, el responsable de CSI-F reitera que “no es de recibo que se privaticen servicios que se pueden prestar en el propio hospital teniendo en cuenta, además, que toda externalización lleva aparejada una merma en la calidad asistencial”.
