CCOO ha rechazado desde el inicio este proceso privatizador, y sigue movilizándose contra el mismo. Para la central sindical” la privatización no responde al interés general de seguridad sino que se hace para transferir recursos del Estado a la cuenta de beneficios de las empresas privadas”.
Desde el sindicato se ha venido denunciando que “ésta privatización no es un hecho aislado y responde a un intento de privatizar la mayor parte del servicio público de prisiones”. Por ésta razón, “desde el Gobierno se están asfixiando los recursos humanos y materiales en las prisiones, sin una oferta de empleo suficiente, sin las inversiones necesarias y con instalaciones nuevas cerradas que se están deteriorando mientras son custodiadas por el propio lobby de seguridad privada” han afirmado desde la Sección Sindical del Centro Penitenciario de Huelva.
CCOO ha mostrado su rechazo ante la apuesta del Gobierno por privatizar las cárceles, porque privatizar el cumplimiento de las penas supone mercantilizar la condena y supondría alterar el mandato constitucional de reinserción social.
Desde la Administración Penitenciaria se ha negado este proceso de privatización, sin embargo, la sección sindical de CCOO en el Centro Penitenciario de Huelva ha denunciado que “hoy martes 28 de octubre se ha autorizado por esa Dirección la visita de dos de las Empresas de Seguridad lideres en el Sector con el objeto -según reza en dicha autorización- de ofertar sus servicios.
CCOO ha demandado una oferta de empleo extraordinaria para prisiones y más inversiones en recursos y tratamiento para hacer creíble y posible el servicio público de prisiones. En el caso de la prisión de Huelva la situación se está volviendo insostenible por tener un elevado número de internos y contar con un escaso número de funcionarios, lo que unido al envejecimiento de la plantilla lleva a una situación de colapso en el centro penitenciario, basta sólo recordar que el número de incidentes y agresiones a funcionarios ha aumentado en los últimos meses.
