Los juzgados onubenses han comenzado a recibir las denuncias de aquellas personas afectadas por una supuesta estafa cometida por una empresa dedicada a la venta de coches en diferentes operaciones realizadas a lo largo de los últimos años, por la que se habría defraudado un total de 500.000 euros, según cálculos de la empresa privada Spy Investigación.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, algunas denuncias se han interpuesto de manera individual –siendo archivadas algunas de ellas– y otras de manera colectiva, como es el caso de 20 de los afectados. A su vez, otros procedimientos sí siguen su curso y ya se han comenzado a solicitar pruebas. De hecho, el 24 de mayo el Juzgado de Instrucción número 4 ha citado a declarar a uno de los denunciantes.
Estas denuncias abarcan los delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de firmas, siendo en casi todas las ocasiones el mismo ‘modus operandi’. Hay afectados de otras provincias como Sevilla, Cádiz o Badajoz y otros lugares de Extremadura.
De hecho, el pasado mes de febrero más de 50 personas constituyeron en Huelva una asociación llamada ‘Afectados por Mandi Motor SL’ para denunciar esta supuesta estafa.
En aquellas fechas, el presidente de esta asociación y presunta víctima, Juan Carlos Martín, detalló a Europa Press que compró un coche «que nunca pude poner a mi nombre y que estaba lleno de taras, pues apenas podía circular con él». «Acordé devolverlo con el compromiso de que se me devolvería el dinero de entrada, pero aún estoy esperando para cobrarlo», incidió
Según relató, publicó su caso en la red social Facebook, y a raíz de ello, multitud de personas, de Huelva y otras provincias andaluzas, se pusieron en contacto con él contando casos parecidos. «La mayoría de los casos se caracterizan por que los coches no eran nunca transferidos a sus propietarios, pues éstos pagaban créditos con entidades financieras que se tramitaban desde Mandi Motor, y los compradores se quedaban con el vehículo de forma irregular, pues el cambio de titularidad nunca llegaba», explicó.
«En otros casos hay personas que están pagando créditos que no han adquirido ni autorizado por la compra de vehículos que no han realizado», añadió, al mismo tiempo que lamentó que «hay muchas familias muy preocupadas por hacer frente a estos préstamos bancarios, pues casi todas las personas afectadas son de origen humilde».
Por su parte, fuentes de Spy Investigación informaron a Europa Press de que en esta supuesta estafa «están involucrados compraventas particulares, gestorías y hasta concesionarios oficiales muy conocidos».
«El dueño de la empresa y autor de la estafa revendía el mismo coche a cuatro personas distintas, cometiendo hasta cuatro fraudes en una misma operación», agregaron. «En otro caso, cuatro personas tuvieron un accidente de coche, y al no ser el conductor el titular real del vehículo, tienen que hacer frente al pago del seguro», detallaron.
DETENCIÓN DEL PRESUNTO AUTOR
De hecho, unos días más tarde, en el mes de marzo, funcionarios de la Comisaría Provincial de Huelva detuvieron a cuatro personas, indentificado uno de ellos, M.M.B., como presunto autor intelectual, por un supuesto delito de estafa, falsedad documental y apropiación indebida cometidos presuntamente en un establecimiento de compraventa de vehículos.
En concreto, la investigación abarcaba 28 denuncias, 42 vehículos y la cantidad defraudada asciende a 350.000 euros, según informó la Subdelegación del Gobierno en una nota.
El ‘modus operandi’ se basaba en la entrega de los vehículos en depósito por particulares u otros comerciales al ahora detenido para la exposición, promoción y venta en su establecimiento, los cuales eran vendidos a otros particulares de buena fe a los que se le entregaba documentación provisional con el argumento de la demora en los trámites. Mientras tanto, a los afectados se les daban excusas para no liquidar el pago procedente de la venta de su vehículo, dinero del que se apropiaban los detenidos.
No obstante, los particulares, tras la sucesión de evasivas dadas por el ahora detenido, terminaban descubriendo la situación de su vehículo bien por gestiones en la Jefatura de Tráfico, consultas en Internet o por la gestión de multas.
El grupo especializado de la Policía Nacional inició la investigación tras el conocimiento de que tanto el establecimiento como el responsable de la empresa tenían varias denuncias anteriores. Además, la sucesión del elevado número de denuncias en un breve periodo de tiempo y el precipitado cierre del establecimiento llevó a la conclusión de que se trataba de hechos premeditados con el objeto de conseguir la mayor suma de dinero antes del cierre previsto de la actividad.
Para la culminación de la operación fue necesaria la finalización de cuatro atestados policiales, llegándose a intervenir cuatro vehículos con la colaboración de diferentes comisarías del CNP, para la coordinación y desenlace de la investigación. Por ello, se localizaron la totalidad de los vehículos denunciados en manos de compradores que aún no poseían la titularidad de los mismos y se realizaron innumerables consultas a la Guardia Civil, Registro Mercantil, jefaturas provinciales de tráfico y diferentes gestoras.