Una sentencia del TSJA refleja la perplejidad del alto órgano judicial sobre el informe que, en noviembre de 2013, evacuó el servicio jurídico de la Diputación de Huelva. La Diputación que preside, ostentando, el señor Caraballo, pariente del moguereño D. Mario Jiménez. En el epicentro de la barahúnda político-jurídica, el PSOE, el partido de todo para el pueblo pero sin el pueblo.

El caso Rodríguez Donaire, uno de los tránsfugas más reconocidos de la democracia, olía mal desde que algunos hicieron la primera comunión. Su paso de Izquierda Unida al Partido Socialista extrañó a pocos. El cachondeo que dejó estupefacto a miles de ciudadanos fue el pastizal que se guardó el insigne trabajador. Tropecientos mil euros por el Expediente de Regulación de Empleo de Minas Riotinto S.A. y, al tiempo, otros cuantos miles por el sueldo de regidor público de la provincia de Huelva. Así va Huelva y su provincia.

La duda radicaba en que ambas pingües cantidades fueran percibidas de forma debida. Según el Ministerio de Trabajo, nanay de la China. En opinión del servicio jurídico de la Diputación de Caraballo, antes de Doña Petronila, sí. Al cabo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentencia conforme a las pretensiones ministeriales. El TSJA obliga a Donaire a devolver los más de ciento cuarenta mil eurazos del ERE. La ayuda económica a los afectados por el despido requería hallarse en paro. Y miren ustedes por dónde, el destacado edil de izquierdas no bebió las hieles del desempleo. Cobraba como diputado provincial, primero y, más tarde, como presidente de la Mancomunidad Campiña-Andévalo. Anda que si fuera del PP ya lo hubieran crucificado y a la organización la hubieran sometido a un auto de fe de limpieza por parte los torquemadas podemitas y compañía de cambio bolivariano y progreso al precipicio de Maduro.

Perplejidad del Alto Tribunal Andaluz, vale. Pero para confusión, desconcierto, barullo y perturbación, las de los miles de trabajadores de Huelva que no tienen un trabajito que llevarse a las manos ni una ayuda que aportar a sus hijos. Ahora, para galimatías jurídico el informe de los letrados del organismo supramunicipal onubense. Pues no que mis ilustres colegas llegaron a justificar la percepción irregular de las ayudas del señor Donaire. Y cómo cabe justificación si era absolutamente objetivo, por verificable, que el señor Donaire ni tenía 55 años de edad ni estaba desempleado de forma involuntaria ni se hallaba en situación de necesidad ni se adhirió al ERE de 2002, sino al de 2003, y ni cumplió sistemáticamente las obligaciones pactadas en el convenio especial con la Seguridad Social.

Cómo no será de certera la conclusión de los magistrados, que afirman que ese informe de la Diputación de Huelva podría constituir delito. Quién puede entender que letrados tan preparados e inteligentes como los que integran el servicio jurídico de Caraballo, digo de la Diputación, no capten que el cobro indebido del ERE es un acto nulo de pleno derecho. Cómo que por qué. Porque se hizo prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y de las normas que regulan la concesión de estas ayudas. Y claro, el TJSA ha remitido una copia al juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, el de la juez Alaya, finalmente apartada del caso. Por qué será.

En Diputación de Huelva se dice que los funcionarios tienen que trabajar para los políticos. No para servir al público. Ni hablar. Para los jerifaltes de la institución. Y luego se atreven a dar lecciones de ética a Rajoy.

Ahora, yo planteo una pequeña discrepancia con el TSJA: el tema no es para quedarse perplejos. Es para subirse por las paredes. Con todo, lo más indignante es que los sindicatos de clase, el PSOE, Podemos e Izquierda Unida, a los que se cae la lengua pidiendo la regeneración de España, no hayan pedido ya que el exalto cargo devuelva el dineral. Pues no. Aquí los únicos corruptos son los del PP. Hay que tener poca vergüenza. Perplejos, no. Turulatos y patitiesos.