Izquierda Unida defenderá en el Pleno de la Diputación de Huelva que se celebrará mañana las reivindicaciones del colectivo de las monitoras escolares que trabajan en los centros educativos públicos que dependen de la Junta de Andalucía. Así, el portavoz de Izquierda Unida en la Diputación, Pedro Jiménez, explica que “pedimos con esta iniciativa, que nos han trasladado desde este colectivo, a la Junta de Andalucía que modifique la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de las monitoras escolares para que sean contratadas a jornada completa, y durante todo el año, ya que hasta ahora de las 632 monitoras escolares, 426 lo hacen en condiciones de discontinuidad, con contratos que van desde las ocho hasta las veinte horas semanales”.
En la actualidad, las monitoras escolares, un colectivo compuesto en más del 90% por mujeres, trabajan en condiciones de precariedad y resultan claramente discriminadas con el resto de empleados del sistema público educativo andaluz, ya que cuando terminan sus contratos anuales, que coinciden con el curso escolar, son cesadas para pasar a cobrar las prestaciones que les corresponden por desempleo, tras lo cual vuelven a ser reincorporadas al curso siguiente. “Queremos que la Junta de Andalucía termine con esta situación de discriminación y precariedad laboral que sufre este colectivo desde hace años, al mismo tiempo que se les reconozca su experiencia laboral desde que fueron contratadas cada una de ellas, en aquellos supuestos en el que al adquirir la condición de personal laboral se haya hecho con carácter indefinido no fijo, para que puedan así concursar en igualdad de condiciones y aspirar a lograr estabilidad en sus puestos de trabajo”, explica Jiménez.
En la provincia de Huelva, trabajan en estas condiciones precarias un total de 31 monitoras escolares, teniendo que atender sus tareas en casi medio centenar de diferentes centros educativos. En nombre de este colectivo, Rocío Camacho, delegada sindical por CCOO, explica que “llevamos mucho tiempo luchando para acabar con esta situación de discriminación que nos diferencia de las más 110.000 empleadas y empleados de la Consejería de Educación y estamos protagonizando movilizaciones y protestas para que se cumplan nuestras reivindicaciones”. Camacho recuerda que esta lucha laboral empezó cuando la Junta de Andalucía, “en su afán por privatizar la educación empezó a contratar monitoras escolares a través de empresas privadas, en las que llegábamos a cobrar menos de cuatro euros a la hora”. La lucha de este colectivo logró que una sentencia judicial dictaminara que se trataba de una cesión ilegal de trabajadoras y obligó a la Junta de Andalucía a integrarlas como personal laboral del Grupo III, para lo que se crearon 426 puestos de trabajo. No obstante, las monitoras escolares se han convertido en el eslabón más débil, en cuanto a derechos laborales, del personal que trabaja para la Consejería de Educación, que suman unas 110.000 personas, entre docentes, funcionarios y funcionarias y personal laboral. “Nuestros salarios son los más bajos, no tenemos horarios fijos, nos tenemos que desplazar a centros escolares diferentes, además de que al finalizar el curso escolar se nos desvincula de la Consejería de Educación, con lo que se nos trata como mano de obra precaria, a pesar de desempeñar unas tareas fundamentales para el servicio público educativo”, apunta Rocío Camacho.
