El pasado 15 de mayo se trasladaba a Riotinto la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz para atender de primera mano las quejas y consultas de la ciudadanía. Entre las denuncias recibidas en esa mañana llegaba la desesperada petición de ayuda de un profesor de instituto por presunto acoso laboral. Este docente rogaba al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que tuviera en consideración su súplica, mediante un escrito en el que le confesaba que “ya no soporto más esta situación que me está afectando a mi vida personal”, “me siento del todo desesperado e indefenso”, “llegando a afectar a mi salud, al provocarme estados de ansiedad y teniendo que recibir tratamiento médico”.

Y es que el mobbing, considerado por algunos como una lacra del siglo XXI, es responsable de numerosas bajas laborales cada año y de importantes secuelas entre los trabajadores que lo sufren. La víctima, que en la mayoría de los casos no se atreverá a denunciar por temor a las represalias, llega a encontrarse realmente sola ante una situación que es difícil de demostrar. Finalmente se resignará a darse de baja o a cambiarse a otro centro de trabajo. Sabe que en la mayoría de los casos estas denuncias son archivadas dejando al denunciante desprotegido para siempre. El acosador también lo sabe, por eso lo usa como arma cuando quiere quitar a una persona de su entorno de trabajo. A veces es a alguien porque destaca más que él, a veces porque denuncia alguna irregularidad… El motivo lo habrá elegido el acosador, el sufrimiento no lo habrá deseado la víctima.

Según explica el profesor, «a nuestra sociedad le hace falta aún sensibilizarse ante esta realidad, de manera que una persona nunca se vea forzada por nadie a abandonar su puesto de trabajo. Poder ir a trabajar cada día sin miedo, es su derecho. No ser cómplices por convertirnos en testigos mudos, es nuestra responsabilidad. Aún queda mucho por andar en este sentido, pero todas las caminatas comienzan por un primer paso. Y, en estos casos, el primer paso es denunciar».