(Texto: J. CARLOS AGUADO)    Es una más de las grandes paradojas ligadas a la crisis. Y quizás la más sangrante. La Delegación de la Junta de Andalucía que vela por el bienestar social de los onubenses está al borde de la quiebra. En un escenario de creciente desesperación ante la falta de ingresos porque el mercado laboral está hundido -82.200 parados- , este departamento del Gobierno andaluz no dispone de recursos suficientes para atender, ni siquiera, los casos más extremos y urgentes. Una vez más, los recortes sociales llevados a cabo por las distintas administraciones a causa de una mala gestión de los recursos público y/o la falta de liquidez originada por la recesión económica se ceba con las familias más necesitadas del auxilio del Estado.

La Delegación Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social, que dirige la socialista Carmen Lloret, arrastra desde hace meses una complicada situación económica que se ha ido agravando conforme avanza el 2011 y que, incluso, ha derivado en conflictos internos en la propia estructura de la Junta de Andalucía en Huelva.

Lejos de servir como salvavidas para miles de hogares que ya han agotado su derecho a recibir el subsidio de desempleo, este departamento está poniendo en peligro la continuidad de empresas y puestos de trabajo a causa de sus impagos.

“NO PAGAN”

Proveedores de la delegación han denunciado a HuelvaYa que tienen facturas pendientes de cobro desde el pasado mes de diciembre de 2010, una situación “insostenible” que, aseguran, está “terminando de asfixiar” a empresas que no cuentan con recursos propios para hacer frente a las consecuencias de una deuda “que no pagan”. Y lo que es aún más preocupante, desde la propia delegación les advierten de que “aún no saben cuando podrán abonar nuestro trabajo y ya va para más de seis meses de paciencia”.

La ruina que estrangula a Igualdad y Bienestar Social se hace evidente hasta en los pasillos de su sede administrativa, ubicada en la céntrica calle Mora Claros. Hasta no hace mucho, los ordenanzas disponían de dos uniformes, uno de invierno y otro más fresco para los meses de verano. Pues bien, actualmente estos trabajadores se han quedado sin uniforme suministrado por la Junta de Andalucía porque, según afirman, les han dicho que “no hay dinero”.

Pero, sin duda alguna, quienes están siendo las víctimas principales del crack de la Delegación son las familias más pobres que dependen del salario social que les concede la Administración andaluza, una ayuda económica que oscila entre 397 y 641 euros, con una duración máxima de seis meses y que tiene como fin “combatir la marginación y la desigualdad”.

Según los datos a los que ha tenido acceso esta cabecera, el departamento que dirige Carmen Lloret y que es el encargado de gestionar el salario social, ha celebrado en lo que llevamos de año cinco comisiones en las que se han aprobado 900 expedientes que cumplen con los requisitos necesarios para tener acceso a esta ayuda de último recurso y que suman más de 2,1 millones de euros. Una cifra extraordinaria.

Sin embargo, la Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social tan sólo ha abonado en mayo una de las mensualidades correspondiente a la comisión del salario social celebrada el 9 de febrero y, en junio, la primera mensualidad de la comisión del 9 de marzo. Es decir, la Junta ha dejado de abonar en tiempo y forma esta prestación económica de subsistencia y, por ejemplo, las 269 familias que tienen concedida el salario social desde principios de febrero y cuya solicitud entregaron en verano de 2010 -hace ahora un año-, todavía están a la espera de percibir el segundo de los pagos, que debería haberse realizado en junio. Los 458 expedientes aprobados en abril, mayo y junio engrosan la cola. 458 familias desesperadas, sin ingresos y condenadas a la marginalidad que aún no han cobrado ni un céntimo de euro.

Estos impagos del salario social están provocando ya reclamaciones por escrito ante la propia delegación, ya que ni siquiera ofrece una explicación a los beneficiarios de esta ayuda y trata de sacudirse el problema remitiéndoles al departamento de Intervención. Y de allí, como una pelota de pin pon, les vuelven a enviar a Bienestar Social para reclamar el pago del salario. Todo un despropósito que está acabando con la paciencia de cientos de familias que lo están pasando muy mal y que, encima, tienen que soportar el desprecio inhumano de la administración.

CONFLICTO ABIERTO

Todo este espectáculo bochornoso revela un duro enfrentamiento entre el Servicio de Intervención de la Junta, encargado del control interno y de la contabilidad pública de la Administración andaluza, y la dirección de la Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social que está poniendo en duda la capacidad de gestión de Carmen Lloret al frente de este área convertida en un auténtico polvorín.

Ante un escenario donde más de 30.000 familias onubenses se encuentran expuestas a la pobreza, hay que recordar que en 2010, Lloret fue incapaz de gastarse toda la partida asignada al salario social pese a que nunca antes se habían registrado tantas solicitudes a causa de la crisis.

Así, la delegación tuvo que devolver a Sevilla más de 400.000 euros de los tres millones que le correspondían a nuestra provincia para abonar este Ingreso Mínimo de Solidaridad. Esta cantidad perdida se distribuyó en otras provincias andaluzas donde la partida inicial se quedó corta para atender las necesidades básicas de los más necesitados.