Dos meses después de la celebración de los comicios locales que dibujaron un mapa político en la provincia de Huelva muy diferente al de hace cuatro años, las nuevas corporaciones se afanan en conocer el estado de salud de las arcas municipales que han heredado de los anteriores Equipos de Gobierno. Señeros son los casos de municipios como Aljaraque, Valverde o Almonte que tras el 22 de mayo han cambiado el rojo socialista por el azulón popular. Se trata de localidades estratégicas en la provincia que han ido acumulando una ingente deuda con el PSOE gobernando y que, actualmente, tienen problemas para abonar las nóminas de los trabajadores y hacer frente a los pagos pendientes con proveedores, entidades financieras y la Seguridad Social.

En el caso concreto del Ayuntamiento de Aljaraque, las cifras son especialmente preocupantes. El anterior alcalde socialista, José Martín, se encontró en 2007 con un montante de 9 millones de euros y, tras una sola legislatura, las cuentas arrojan la cifra de 23 millones de débito. El informe de la Intervención Municipal, encargado por el actual primer edil del municipio, David Toscano, ha ahondado en la gestión del Equipo de Gobierno saliente y, tras la auditoria interna, se ha detectado que más de 2 millones de euros de subvenciones destinadas a actuaciones de desarrollo local fueron desviadas para sufragar gastos corrientes del consistorio como la nómina de los trabajadores y los costes de funcionamiento y mantenimiento.

Estas partidas deberían haberse invertido en su totalidad en planes de asfaltado, en el nuevo pabellón de Bellavista, en el Plan de Innovación Tecnológica o la nueva Casa Consistorial entre otras iniciativas. Sin embargo los socialistas decidieron, tras agotar los fondos del Ayuntamiento, reservar parte de las ayudas para afrontar los gastos de la corporación como los sueldos de asesores y cargos de confianza. La consecuencia directa la han pagado los propios ciudadanos que han visto reducidas las actuaciones de mejora en el municipio.

La información de la Intervención Municipal también ha sacado a la luz los impagos a Hacienda y la deuda con los bancos. En concreto, se deben más de 3 millones a la Seguridad Social lo que ha provocado el embargo de los ingresos a recibir del Estado. La situación se agrava, según los datos a los que ha tenido acceso HuelvaYa, al tener hipotecadas además las dos principales partidas de las que se nutre el Ayuntamiento: las que proceden del Servicio de Gestión Tributaria y las transferencias del Estado y de la Junta de Andalucía. Ambas han dejado de percibirse a consecuencia de los anticipos realizados que, además, el actual Equipo de Gobierno tiene que empezar a devolver de forma inmediata.

La presión bancaria, por otra parte, no es asunto menor en el consistorio. Se adeudan casi 9 millones de euros por lo que la corporación no puede obtener créditos ni a corto ni a largo plazo. Con el grifo de los bancos, las subvenciones y los ingresos cerrado, la gestión de David Toscano se antoja complicada para abordar los pagos pendientes, especialmente con los trabajadores y los proveedores. Así las cosas, el consistorio se encuentra actualmente en una situación de inmovilismo atado por el déficit mientras perfila la regulación el empleo en el Ayuntamiento y sus organismos dependientes.

Reacción sindical

En cuanto a la valoración de la actuación de los populares aljaraqueños, el sindicato mayoritario en el consistorio, CSI-F, ha señalado que le está concediendo a la corporación un margen de confianza de 100 días que concluye a principios de septiembre para que pueda buscar alternativas y regularizar los pagos ya que se debe el 60% de la nómina de junio y la totalidad de la paga extra correspondiente a este mismo mes.

Por otra parte, la Central Sindical ha indicado que después de cuatro años sin que el PSOE ofreciera información a los representantes de los trabajadores el acalde David Toscano se ha sentado con los sindicatos para presentarles las cuentas del Ayuntamiento tras la realización del informe de la Intervención Municipal. No obstante, desde la organización se advierte que esta situación no podrá prolongarse durante mucho tiempo. El máximo responsable del sector de Administración Local de CSI-F, Juan Manuel Quilón, insta a Toscano a presentar un Plan de Viabilidad y le ha pedido que “no se escude en la gestión del anterior alcalde”.

Finalmente, Quilón añade que “la prioridad del sindicato son los trabajadores” y puntualiza que “cualquier despido o contrato de empleados municipales debe realizarse con el máximo rigor” por lo que pide que se le facilite a la organización toda la documentación para garantizar la transparencia del proceso.