La reordenación del sector público andaluz sigue en marcha con nuevos trasvases de personal de las entidades públicas dependientes de la Junta de Andalucía a las distintas delegaciones provinciales. En esta ocasión, se trata de la plantilla de la antigua FAFFE (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo) que ha pasado a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Así lo ha hecho público el sindicato CSI-F que ha denunciado cómo este personal no solamente ha pasado a ocupar puestos de trabajo dentro de la Delegación Provincial de Empleo de Huelva sin haber pasado por ningún proceso selectivo, tal y como viene recogido en el polémico protocolo de integración de este personal, sino que se reubican en las distintas dependencias de esta Delegación ocupándose de tareas que por su especial responsabilidad sólo pueden desempeñarlas los funcionarios.

Este “desembarco masivo de enchufados”, tal y como lo ha calificado CSI-F, está suponiendo la atribución de labores propias del funcionariado -como el acceso a datos confidenciales- a personal que no está facultado ni legitimado para ellas. Todo ello, lamenta la Central Sindical, en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Así las cosas, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ya ha denunciado ante la Inspección de Servicio la usurpación de competencias al permitir que personal no cualificado se encargue de temas tan candentes como el empleo y que a entender de CSI-F “no pueden plantearse dentro de un marco donde no primen los principios de objetividad e imparcialidad a la hora de tomar decisiones” tales como la adjudicación de subvenciones o la realización de contrataciones. Para el sindicato estos principios solamente estarán plenamente garantizados cuando sean los funcionarios, que son los únicos competentes, los que ejerzan estas funciones y eviten la politización de la Administración.

Obras innecesarias

Por otra parte, CSI-F ha advertido que se están ejecutando obras en la Delegación Provincial de Empleo “totalmente innecesarias” para ubicar a aquellos que provienen de las empresas públicas encuadradas dentro de la llamada Ley del Enchufismo de la Junta de Andalucía. Una actuación cuyo coste “financiarán todos los onubenses con sus impuestos” en plena época de crisis económica y de políticas de ajustes. Estos recortes, como viene quedando patente según CSI-F, “sólo se aplican a los trabajadores mientras se despilfarra en otro tipo de actuaciones como esta nueva remodelación para acomodar a los enchufados”.