Las propuestas legislativas de Reforma de la PAC, presentadas por el Comisario de Agricultura de la UE, Dacian Ciolos, ante el Parlamento Europeo, suponen un claro retroceso en la búsqueda de explotaciones viables, competitivas y orientadas al mercado, según asegura la organización agraria Asaja. En opinión de ASAJA son propuestas tremendamente negativas ya que estrangulan al profesional agrario, cargándole de burocracia, incrementando sus costes, exigiéndole prácticas que no deben cumplir sus competidores internacionales, limitándole su capacidad productiva y reduciendo sus ingresos agrarios y por tanto, sus rentas. Desde el sindicato UGT también se han criticado estas medidas porque van a perjudicar muy gravemente al campo onubense.

El Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, presentó el 12 de octubre, ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, sus propuestas legislativas de Reforma de la PAC para después de 2013. Con este acto, se inician los debates en el seno del Consejo de Ministros y en el Parlamento Europeo, que por vez primera asumirá sus competencias de codecisión en una Reforma de la PAC.

Estas propuestas no se alejan demasiado de lo que ya se conocía a través de filtraciones a las que ASAJA había tenido acceso estas últimas semanas, y «no hacen más que confirmar los malos presagios que teníamos sobre las intenciones de la Comisión en cuanto a esta Reforma».

Se confirma el recorte importantísimo de los Fondos destinados a la Agricultura, que ya se avanzó en las Propuestas sobre el Presupuesto de la UE 214-2020, en donde el sector agrario, cuya renta apenas alcanza el 50% de la media de la renta comunitaria, verá recortada su ficha financiera en más de un 11%.

Solo en términos de pagos directos, España perderá anualmente más de 600 Millones de Euros. Recordamos que España es el segundo perceptor de fondos agrarios de la UE, y que precisamente los Fondos Agrícolas son los únicos retornos que percibe España de las arcas comunitarias.

En opinión de ASAJA, el establecimiento de una Tasa Plana para los Pagos Directos, sin reconocer la diversidad de cultivos, zonas de producción y métodos de producción pone en serio peligro la viabilidad de muchas explotaciones, precisamente las más eficientes, con altos rendimientos, pero también con importantes costes productivos. Existen en la actualidad mecanismos fiables que permiten diferenciar de forma objetiva y no discriminatoria la realidad de la producción agrícola y ganadera en España, la más diversa de Europa. De ir adelante esta propuesta, dichos mecanismos de diferenciación deberán ser implementados.

Esta situación se verá agravada de prosperar las propuestas que dejan abierta la determinación del número de hectáreas elegibles para la percepción de dichos pagos, en donde la Comisión sólo fija como referencia el año 2014, sin ningún otro criterio que pueda limitar la cantidad total de hectáreas que podrían percibir pagos de la PAC. De esta manera España, que actualmente tiene un número de hectáreas con derechos asignados por poco más de 15 millones, podría ver incrementada sustancialmente su superficie, lo que provocaría una reducción del valor unitario de los pagos básicos.

Este mecanismo de Tasa Plana va a forzar con toda probabilidad la necesidad de recurrir al Pago Acoplado Voluntario para intentar dar una respuesta a aquellas producciones de mayor coste, o con especial interés, por lo que el porcentaje destinado a este efectos, del 5% ampliable al 10%, se demuestra claramente insuficiente, lo que obligará a solicitar su incremento, obviamente en perjuicio del resto de partidas presupuestarias.

A juicio de Asaja, «la Comisión parece confiar la solución del actual desequilibrio en la cadena alimentaria, donde la distribución hace valer el peso de su posición dominante presionando sobre el eslabón más débil, el productor, a la extensión de las Organizaciones de Productores a todos los sectores. La experiencia de España, nos indica que esto solo tendrá éxito si dichas OP dirigen sus esfuerzos a lograr un mejor precio comparativo para sus agricultores por la entrega de sus productos, mediante la concentración de la oferta, objetivo de dichas OP».

En definitiva, ASAJA considera la propuesta como muy negativa para los intereses agrarios europeos, y especialmente españoles, ya que estrangula al profesional agrario, cargándole de burocracia, incrementando sus costes, exigiéndole prácticas que no deben cumplir sus competidores internacionales, limitándole su capacidad productiva y reduciendo sus ingresos agrarios y por tanto, sus rentas, aun más.

POSICIÓN DE UGT

El anuncio de la Comisión Europea de la nueva Política Agraria Común (PAC) «es la expresión máxima del capitalismo salvaje y un ataque directo a la agricultura productiva andaluza y onubense» que pone en riesgo la finalización de la actividad productiva en el campo, ya que se subvencionará en función de las superficies en lugar de la producción y penalizará territorios como el andaluz y onubense. Por lo tanto, esta nueva PAC «beneficiará a los grandes terratenientes, que son quienes especulan y controlan los precios del mercado, y atentará contra la Soberanía Alimentaria y contra los intereses generales de los trabajadores y trabajadoras del campo». Concretamente en la provincia de Huelva, que tiene gran capacidad de mano de obra expansiva, «se pondrá en riesgo la actividad de este sector tan importante para el desarrollo socioeconómico de la provincia que genera más de 100.000 puestos de trabajo».

El secretario general de UGT Huelva, Jorge Puente, critica que la nueva PAC no tenga en cuenta a territorios que, por sus dificultades climatológicas, utilizan técnicas de regadíos no necesarias en otros países de la UE por su clima húmedo y lluvioso. En este sentido, la nueva PAC es «discriminatoria con los campos andaluces y onubenses», ya que, «además de tener que invertir en infraestructuras y técnicas medioambientalmente sostenibles para el regadío de sus campos, Andalucía se verá fuera de esta ayudas que nuevamente beneficiarán a Alemania o Francia, principalmente» por considerar la Comisión esa inversión «no sostenible medioambientalmente».

Puente denuncia que la reforma «no regula el control de los mercados» y critica que la Unión Europea «imponga unos niveles de exigencia a los países de la Unión Europea superior al de otros países no comunitarios como Marruecos». Una situación «conllevará la caída de los precios de mercado en la producción y hará inviable al sector agrícola onubense».

El secretario provincial lamenta que tras la crisis del pepino «Huelva se encuentre con una PAC totalmente hostil que perjudicará al empleo y el desarrollo socioeconómico de la provincia y del sector» y recuerda que la PAC ha posibilitado estos años el desarrollo de Andalucía al disponer ésta del 33% del territorio rural . Con la nueva reforma «no habrá posibilidades de garantizar la despensa alimentaria común».

UGT Huelva hace un llamamiento a la unidad de acción y a la movilización de todos los productores agrícolas y trabajadores del sector de la provincia de Huelva para revertir esta reforma agraria.

PARTIDO POPULAR

El Partido Popular de Huelva ha ofrecido toda su colaboración a la Junta de Andalucía para defender al campo onubense de la “agresión” que supone la propuesta presentada por Bruselas para la reforma de la Política Agraria Común, es decir, el texto normativo que regulará la política de subvenciones agrarias de la UE.

Como ha señalado el portavoz de Economía del PP de Huelva, Francisco Riquel, a Andalucía y a Huelva les conviene que la Junta y el Gobierno “hagan sus deberes” y “hagan valer los criterios actuales del ‘histórico productivo’ frente a la ‘tasa plana’ que plantea el borrador ya que, sino es así, podríamos peder la mitad de las subvenciones que se reciben en la actualidad”.

A este respecto, ha añadido el popular, existe un acuerdo parlamentario, “pero ahora toca defenderlo en Bruselas y, sobre todo frente al resto de Comunidades Autónomas y el Gobierno”.

El PP, además, ha indicado que hay que hacer “fuertes esfuerzos” es en mantener el criterio de histórico productivo “para cuantificar la ayuda que recibe el agricultor frente al propuesto en el reglamento de una tasa plana. En este criterio las explotaciones olivareras (30.000 hectáreas, ¼ del total de la extensión total dedicada al cultivo) de la provincia de Huelva “se verían muy perjudicadas, sobre todo las explotaciones más jóvenes que percibirían por debajo de la media”.