El portavoz de IU LV-CA en el Ayuntamiento de Huelva, Pedro Jiménez, y el concejal de esta formación política, Juan Manuel Arazola, han presentado en rueda de prensa una moción que defenderán en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Huelva para instar al Gobierno central a que se apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la dación en pago, para que no se tengan que seguir pagando los préstamos hipotecarios cuando los bancos se quedan con las viviendas cuyos propietarios no pueden seguir pagando las hipotecas. Pedro Jiménez señala que esta propuesta “no es una medida electoralista como la que el PSOE ha incluido en su programa electoral, ya que ellos han rechazado continuamente en el Congreso de los Diputados iniciativas de Izquierda Unida para garantizar el derecho a la vivienda a la ciudadanía y modificar la injusta ley hipotecaria, por lo que ahora cometen fraude electoral”.
Por su parte, Juan Manuel Arazola denuncia que la actual legislación hipotecaria maltrata a las personas endeudadas y las lleva a una situación de clandestinidad al tener que afrontar los pagos de las hipotecas. “Los despidos y los desahucios son manifestaciones violentas y cotidianas del sistema capitalista y por eso presentamos esta iniciativa para evitar que las personas desempleadas se vean abocadas a quedarse sin vivienda y además seguir pagando a los bancos”, señala Arazola.
La moción, que proviene de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, también reclama que se ponga en marcha una moratoria para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida o involuntaria por ser las víctimas del actual sistema hipotecario que deja en manos de los bancos sus viviendas y se les obliga a seguir pagando las hipotecas. Además, Izquierda Unida reclama que para los miles de desahucios ya producidos, se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.
Arazola explica que “estas medidas son extremadamente necesarias para hacer frente a este grave problema social que en la provincia de Huelva ha afectado, entre enero de 2010 y junio de 2011, a 865 familias que han sido desahuciadas”.
La moción de Izquierda Unida también reclama que el propio Ayuntamiento de Huelva se implique ante estas dramáticas situaciones creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática, con el objetivo principal de buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos y en los casos de que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.
