La situación de emergencia del Estado español no puede ser ajena a nadie. Los presupuestos generales, con ser restrictivos, podrían haberlo sido mucho más y, de hecho, así lo exigen los llamados ‘mercados’ y lo insinúan el BCE y la propia UE. Lo más razonable –y también lo más difícil- sería ‘todos a una’, incluidos patronal, sindicatos y partidos de la oposición. La sensación de unidad daría fortaleza en el exterior a las medidas tomadas por el gobierno, pero entiendo que pedir esto en España es un ejercicio de fe en quienes son capaces de convocar una huelga general antes de los 100 días del gobierno, que no tiene el menor sentido.
La irresponsabilidad sindical y de la izquierda en general tras la pérdida del poder, llega al extremo de, no conformes con haber hipotecado el futuro, están dispuestos a seguir aumentando la falla que nos separa del mundo de la economía posible y segura. A Sarkozy no le falta razón cuando dice que un programa como el que se llevó aquí durante los años matrimoniales del socialismo con los sindicatos, ha llevado a España a ponerse –en el sentido económico- de rodillas. Pero desde tanta ineptitud como nos rodea, la impresión es que algunos estarían dispuestos a ponernos con la nariz en el suelo ante los mercados y el resto de la Unión.
Como el mundo está hecho de olvidos, reafirmo desde aquí mi fe en el estado descentralizado, fundamentalmente para aquellas comunidades que accedieron al autogobierno por el artículo 151 de la Constitución del 78. Dicho esto, pienso que el deber del gobierno es salvar nuestra economía y bienestar y para ello, uno de los compromisos que todos entreveíamos en su programa, es el estrechamiento del estado autonómico. Esto lo que quiere decir es que si primero habrá que eliminar las duplicidades administrativas, después habrá que ir a una devolución real de competencias en aquellas comunidades donde ni se generan ingresos para mantenerlas ni se encuentra sentido a la continuidad de las mismas. Sé que a partir de mayo contaremos con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que según dicha ley las autonomías no podrán gastar más de lo que producen, pero si alguien ha pensado que el futuro gobierno socialcomunista de Andalucía va a respetar dicha norma, va mal encaminado. Son momentos de total austeridad y Cataluña, por ejemplo, está trabajando radicalmente en ese sentido, pero que nadie sueñe que Andalucía vaya a hacerlo. El caso es que la Junta hará lo posible para que no se cumpla el objetivo de déficit comprometido con la UE y ese debilitamiento del conjunto del Estado a causa de las malas artes del gobierno de una comunidad, tendrá que ser parado con la autoridad que da ser gobierno del Estado y serlo con un amplia mayoría absoluta.
El presente momento no permite que las autonomías soliciten traspaso de competencias ni profundización en el autogobierno. La debilidad económica debe llevar aparejada la sensatez y cuando algunos van a aprovechar para medirse con el Estado, la guardia debe estar lista para dejar ciertas discusiones soberanistas –Vascongadas- o de corresponsabilidad fiscal –Cataluña-, para mejores tiempos. Si Andalucía se empeña en endeudarse más de lo debido, tendrá que echar manos de deuda interior, de hispabonos, lo que la pone en manos del gobierno central, como comentaba EL MUNDO el 6 de Abril, pero quizás busquen otras fórmulas. En el presente momento, junto con la reforma financiera y el ajuste económico, la redefinición del Estado de las autonomías es esencial y para salvar el espíritu de la Constitución, que era el de las autonomías del 151, habrá que pactar el adelgazamiento competencial del resto y controlar de cerca su gasto. El asunto de las diputaciones, como implica reforma de la constitución si lo que se pretende es su supresión, tendrá que venir después. La otra posibilidad, convertirlas en entes de mínima significación administrativa y presupuestaria, casi se podría intentar ya, pero eso también pide acuerdo entre PSOE y PP, y de momento, eso no parece tener la menor posibilidad
