Cada vez que se convoca una huelga general surge, desde los años ochenta, el debate sobre la necesidad de una ley que regule aspectos sobre cómo hacer efectivo y compaginar el legítimo derecho a la huelga con el también legítimo derecho a trabajar de quienes no quieran seguirla. Hasta ahora ningún gobierno se ha atrevido a meterle el diente a lo que parece una patata caliente con la que nadie se quiere quemar.
Lo primero que puede cuestionarse en sí misma es la propia huelga general y su sentido en un sistema democrático representativo. O dicho de otra forma, ¿qué pesa más en una hipotética balanza, los millones de personas que este jueves han seguido la huelga y las manifestaciones de los sindicatos o los millones de votos de los ciudadanos que auparon al actual o a otro Gobierno al poder?.
El debate sobre la utilidad de las huelgas generales no es en absoluto antidemocrático. En una democracia tan avanzada y poco discutible como la alemana, sin ir más lejos, está prohibido legalmente la realización por los sindicatos de huelgas generales para paralizar el país. Los sindicatos tienen su papel, fundamental por cierto, de defensa de los trabajadores, pero no se les da el derecho a paralizar un país por estar en contra de una ley votada por el parlamento. Por tanto, debate número uno: ¿Son admisibles las huelgas generales como medida de protesta contra una ley que se considera injusta o abusiva o cualquier calificativo que se le quisiera atribuir?
Si la respuesta final a la pregunta planteada es que sí hay derecho y es admisible, la siguiente cuestión a plantear y dirimir son los límites de dicha huelga, si es que se considera que debe tenerlos, y una regulación que no convierta la convocatoria en un ejercicio de coacción, ni por parte de los empresarios ni por parte de los sindicatos.
Las centrales sindicales realizan un evidente abuso de los llamados piquetes informativos, que suponen un claro intento de coacción. ¿Un piquete informativo como el que ha estado activo en Huelva este 29-M, con unos 500 integrantes, perseguía informar? ¿Es necesario informar el mismo día de la huelga cuando ha habido un proceso informativo anterior? ¿No se podría regular esta situación cómo es hace con los partidos políticos y las campañas electorales?
El argumento que utilizan los sindicatos para justificar la actuación de los llamados piquetes informativos es la presión y la coacción que ejercen muchos empresarios para que sus trabajadores no vayan a la huelga, especialmente en una situación de crisis como la actual. También habría que regular con suma dureza legal cualquier actuación de este tipo y ahí los propios sindicatos tienen un papel fundamental de defensa de los derechos de cualquier trabajador que se viera echado de su trabajo por ir a la huelga.
Los sindicatos juegan, como las asociaciones empresariales, un papel de suma importancia en nuestra sociedad. Bajo esa premisa reciben fondos públicos, como lo hacen también los partidos políticos. Desde algunos ámbitos se ha puesto en cuestión esta aportación de fondos, así como el papel que juegan a la hora de manejar cursos, talleres, etc. También la sociedad tiene derecho a debatir esta cuestión: ¿Deben los sindicatos, las asociaciones empresariales y los partidos políticos recibir fondos públicos para su sostenimiento o deben hacerlo sólo con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes?