El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a la empresa Giahsa a asumir el despido de cinco trabajadores de la extinta Mancomunidad de Aguas del Condado, organismo que en el momento de su disolución pretendió que pasaran a formar parte del Ayuntamiento de La Palma. Esta decisión judicial es consecuencia directa de la desestimación del recurso interpuesto en su día contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Huelva, que se pronunció en los mismos términos.

El TSJA confirma de este modo la determinación del juzgado onubense, que fue receptivo a las tesis defendidas por el Consistorio palmerino, que desde un primer momento consideró que existía sucesión de empresas entre la desaparecida Mancomunidad de Aguas y Giahsa, entidad que se hizo cargo de los servicios que se prestaban, y que, por tanto, no correspondía al Ayuntamiento aceptar la subrogación de los trabajadores.

De hecho, la Sala de lo Social del TSJA hace constar de forma expresa en su fallo que los servicios que hasta su desaparición prestaba la Mancomunidad de Aguas del Condado no volvieron «a ser competencia del municipio al no producirse su recuperación tras la liquidación de la Mancomunidad».

Según la sentencia, dictada por el citado tribunal bajo la presidencia de la magistrada Ana María Orellano Cano, es Giahsa la entidad que recibe «las instalaciones de servicios de agua y alcantarillado» y que, por consiguiente, «el Ayuntamiento no rescató el servicio ni lo adjudicó».

De este modo el TSJA deja claro que no corresponde al Ayuntamiento de La Palma hacerse cargo de los trabajadores de la Mancomunidad de Aguas del Condado. De hecho, el fallo del Alto Tribunal andaluz concreta que se «mantienen los pronunciamientos» del Jugado de lo Social en relación con Giahsa, por lo que se ratifica una condena que obliga a la citada entidad a «readmitir a los trabajadores en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido o el abono de las indemnizaciones» que correspondan.