El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cartaya, que integran ICAR, PP y PA, defendió como “la única alternativa posible a la precaria situación económica del Ayuntamiento” el Plan de Ajuste aprobado en el último pleno municipal, ante las críticas que contra el mismo formularon los grupos municipales PSOE e IU en el pleno extraordinario que se celebró ayer tarde a petición de las dos formaciones políticas para analizar con detalle las medidas que contempla, en especial la que compete a la reducción de la masa salarial en un 22% entre 2012 y 2013.
El alcalde aseguró que “es un plan que nos impone el Gobierno Central si queremos acogernos al decreto para el pago a proveedores” y las medidas de reducción que contempla “son las únicas que podemos adoptar para reconducir la nefasta situación de las arcas municipales, teniendo en cuenta que este Ayuntamiento se gasta en el capítulo I de personal cerca de 10 millones de euros sobre unos ingresos de 10,5 millones, cuando lo que no nos deja margen siquiera para proporcionar a los/as ciudadanos/as los servicios que demandan”. En este sentido, aseguró, “no tenemos derecho a pedirle a los/as vecinos/as que sus impuestos, que pagan religiosamente para recibir estos servicios, vayan destinados exclusivamente a pagar las nóminas de los empleados municipales, máxime cuando los expertos aconsejan que el gasto en el capítulo de personal no exceda en ningún caso del 40%”.
Para el primer edil “este Plan de Ajuste es el único posible en función de la realidad de este Ayuntamiento, que a día de hoy tiene una deuda acumulada de 45 millones de euros, por lo que nos vemos obligados a adoptar medidas aunque sean antipopulares, que asumo con responsabilidad porque de lo contrario la situación de la Institución sería inviable”. Así, el portavoz del Equipo de Gobierno, Gabriel Maestre, aseguró que de las 16 medidas que propone en Gobierno Central para recortar el gasto, “en el Ayuntamiento de Cartaya se han adoptado las únicas susceptibles de aplicación, porque cada consistorio presenta una realidad distinta”.
El Plan, insistió el primer edil, supondrá al Ayuntamiento un ahorro de más de 9 millones de euros en 10 años , y permitirá por un lado, la reducción de la deuda municipal, y por otro el pago a 314 proveedores. Además, subrayó, “aunque el decreto de pago a proveedores va a costar al Ayuntamiento el pago de 6 millones de euros en intereses en 10 años, el Consistorio se va a ahorrar 5 millones de euros en intereses de deuda a día de hoy, con lo cual la operación no resulta ni mucho menos negativa para las arcas municipales”.
Ante las críticas de los grupos municipales PSOE e IU, que acusaron al Equipo de Gobierno de aprovechar el Plan de Ajuste para realizar un ERE encubierto, el primer edil aseguró que “estamos actuando con total transparencia, negociando con los representantes de los trabajadores y el comité de empresa para adoptar medidas de ajuste consensuadas y de hecho ya hemos llegado a varios preacuerdos, como la supresión temporal de las prestaciones sociales recogidas en el convenio colectivo y del pago de las horas extraordinarias, para que la compensación en vez de económica sea en descanso; preacuerdos que ahora tendrán que ratificar los trabajadores en asamblea”.
Esto, aseguró, “contribuirá a rebajar el coste del capítulo I y nuestro objetivo es seguir consensuando medidas que nos sigan acercando a la reducción necesaria”. Polo apeló a la responsabilidad de los grupos de la Oposición porque, insistió, “os aseguro que no nos queda otra alternativa si queremos revertir la mala situación económica en la que se encuentran las arcas municipales, con 45 millones de euros de deuda”.
Críticas de la Oposición
Por su parte, los grupos municipales PSOE e IU criticaron el plan por considerar que tendrá como consecuencia el despido de un grupo numeroso de trabajadores municipales y acusaron al Equipo de Gobierno de “poner en marcha en la práctica una regulación de empleo encubierta que ya se ha comenzado a aplicar con el despido de cinco trabajadores municipales”, según destacó el portavoz de IU, Miguel Ángel Gea, que abandonó el Pleno por considerar que no se habían respetado los turnos de palabra de cada grupo.
En la misma línea se posicionó el portavoz socialista, Alexis Landero, que aunque se mostró “a favor del pago a proveedores, algo necesario para que fluya el capital, no estoy de acuerdo con que se haga a costa de los trabajadores municipales y de la reducción de los servicios públicos”.
Los dos grupos municipales pidieron al Equipo de Gobierno información detallada de las medidas que se van a adoptar y de los criterios que se aplicarán para recortar el capítulo I, a lo que el primer edil respondió que “aún no podemos desgranar todas las medidas concretas porque las estamos negociando con los sindicatos para que sean lo menos traumáticas posible”.
Aclaró que “no se está aplicando el Plan de Ajuste porque aún ni siquiera está aprobado por el Gobierno Central” y aseguró que los cinco trabajadores a los que hizo referencia la Oposición “cumplían contrato porque estaban subvencionados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que a día de hoy ni siquiera ha afrontado el pago de los sueldos de estos empleados durante el último año, pese a que le correspondía el 100% del coste de los mismos, con lo que ha sido el Consistorio quien lo ha asumido, y no podemos hacer lo mismo de cara al 2012 simplemente porque la situación de las arcas municipales no nos lo permite”.
Por su parte, la portavoz de UPYD, María del Carmen García, reiteró el apoyo de su grupo al Plan de Ajuste “por responsabilidad con los ciudadanos”, al considerar que “no podemos mirar hacia otro lado y estar de acuerdo con que el Ayuntamiento gaste más de lo que ingresa”. Además, aseguró, “es fundamental que las instituciones acometan el pago a proveedores, medida que acompaña a este plan, porque los pequeños y medianos empresarios son los que generan el 80% del empleo y la riqueza de este país y es necesario que muevan el capital y activen la economía”.
