Las principales organizaciones sindicales del sistema nacional de salud se han concentrado este jueves en los hospitales y centros de salud de la provincia para protestar por las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad, con las que se pretende ahorrar hasta 7.000 millones de euros. En estos actos, convocados por CCOO, UGT, CSI-F y SATSE, se ha leído un manifiesto en el que se duda de que las medidas de ajuste puedan llegar a generar ese ahorro, aunque sí se asegura que “generará desigualdades entre la población”, y supondrá un deterioro de las condiciones laborales de los profesionales de la salud.
Más de 900 profesionales han secundado estas protestas en toda Huelva: alrededor de 400 en el Hospital Juan Ramón Jiménez; 150 en el Hospital Infanta Elena, y en el Área Norte de Huelva; alrededor de 100 profesionales en el Distrito Condado Campiña, e igualmente en el Distrito Huelva Costa.
En el manifiesto, los sindicatos advierten que las medidas de ajuste que afectan al personal sanitario podrían repercutir sobre los usuarios del sistema, ya que se cerrarían centros, habría reducción de camas, equipos, quirófanos y otros elementos necesarios para una correcta asistencia. Asimismo, se especifica que una de las consecuencias sería el aumento de las listas de espera, que traerá consigo una mayor carga de trabajo para los profesionales.
Por otra parte, advierten que las medidas del gobierno impedirán que un número importante de inmigrantes puedan acceder a la tarjeta sanitaria, incumpliendo el mandato de la Constitución, e incrementando los gastos sanitarios de todos los españoles. Del mismo modo, critican el anuncio de la creación de una nueva Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, que se dividirá en tres niveles: la financiada, la que se realiza mediante el “repago, y la privada.
Ante eso, los sindicatos que hoy se han concentrado en los principales centros sanitarios de la provincia han propuesto cinco puntos de actuación, como son “el incremento y mejora de los servicios públicos sanitarios del Sistema Nacional de Salud” para garantizar la salud pública; una reforma en la gestión del sistema “orientada a una máxima eficiencia y efectividad en la atención sanitaria”, sin necesidad de tomar medidas que perjudiquen a los profesionales y a los usuarios de los servicios; la protección y mejor trato a los profesionales del sistema sanitario, que garantizan su excelencia; que el gobierno no tome medidas por Real Decreto-Ley en cuestiones que atañen al bienestar social, y que estas decisiones se alcancen mediante el “consenso, diálogo y la negociación”; y finalmente, que se “apueste por la coordinación entre el sector sanitario y sociosanitario, y que haya una mayor inversión en Atención Primaria”. En cuanto a esta última propuesta, los sindicatos han asegurado que esto generará un ahorro a medio plazo en el Sistema Nacional de Salud.
