El secretario general de CCOO Huelva, Emilio Fernández, ha explicado que “pretendemos con esta ILP que se haga una reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. El objetivo de esta ILP es la dación en pago, es decir, que la deuda con el banco quede saldada con la entrega de la vivienda; y asimismo el alquiler social para aquellas personas que hayan dejado de tener ingresos al quedar en paro. Fernández ha explicado también que “intentaremos frenar con esta ILP los desahucios, que desgraciadamente están afectando a miles de personas en este país”. Fernández ha insistido en que “hay miles de familias que están cayendo en la marginalidad por una legislación hipotecaria totalmente injusta y desequilibrada”.
“También pretendemos situar a España con un modelo hipotecario similar al resto de Europa y de los Estados Unidos, porque la legislación española en este sentido está en la actualidad totalmente desequilibrada con respecto a otros países”, ha señalado el secretario general de CCOO Huelva. Fernández ha destacado que “es una iniciativa que cumple la demanda social latente en este país, ya que lo que proponemos, si se aprobase, supondría un plan de rescate social para miles de familias”.
Por otra parte, Fernández ha recordado que “con lo ocurrido en Bankia en las últimas semanas, estamos ante el fin del espejismo del ladrillo y del sistema bancario español”. El sindicalista ha explicado ante los medios que las últimas medidas del gobierno demuestran que el sistema bancario español es “como un queso de Gruyère, totalmente trufado, que ha supuesto el fracaso de cuatro reformas bancarias, así como de los test de estrés”. “Se ha demostrado también que el gobernador del Banco de España ha sido totalmente ineficiente para la salud del sistema bancario español”, ha concretado, y ha añadido que “la crisis del sistema bancario refleja el fracaso de su gestión”.
Finalmente, ha criticado que “es este país parece que sí hay dinero para salvar a la banca, y no para financiar la sanidad, la educación, las infraestructuras, la investigación, la dependencia, las políticas de igualdad, o las políticas activas de empleo”.
Por su parte, Jorge Puente, secretario general de UGT Huelva, ha explicado que al estar en un estado social y de derecho donde «la legislación debe estar al servicio de la ciudadanía, tiene que ser eficaz, equilibrada y equitativa», con lo que hoy «estamos reivindicando que la ley hipotecaria en España sea eficaz, equilibrada y equitativa, no totalmente desequilibrada y no a favor de aquellos que se han dedicado a la especulación económica y que han puesto a más de 350.000 familias de patitas en la calle».
La situación en Andalucía es más grave, ya que «65.000 familias en nuestra comunidad han visto perdida su casa y en Huelva más de 7.000», con lo que se demuestra el total atropello que por parte de la banca se hace a la ciudadanía en general. Para Jorge Puente, con esta iniciativa legislativa popular se pretende que «hagamos justicia social y que la dación en pago, la entrega de la vivienda antes de que salga a subasta por parte de los bancos concluya con la deuda de los propietarios con las entidades financieras». En este aspecto, el líder sindical ha afirmado que con esta iniciativa se pretende que «se haga un punto y final a los desahucios y que los inquilinos o propietarios que la están pagando tengan la posibilidad de una segunda oportunidad por medio de una ayuda de alquiler social».
Además, para Puente la nueva reforma del sistema financiero lo único que hace es «salvarle los papeles al gestor de Bankia y una nueva inyección económica que terminará con más ERE’s y más despidos y para nada solucionará los problemas reales de las entidades financieras de nuestro país», ya que los objetivos de la banca son «poner su actuación al servicio del desarrollo socioeconómico y no al servicio de la economía que ayude a la sociedad y encima con dinero público que están quitando de nuestra sanidad y educación públicas».
Para Jorge Puente, hay unos claros responsables de este escenario y no son otros que «los poderes públicos y los mecanismos económicos oficiales que regulan toda la situación», además de afirmar que las clases políticas son «incapaces de ponerse de acuerdo en formular una legislación hipotecaria justa, equilibrada y equitativa al servicio de los más vulnerables».
El secretario general de UGT Huelva ha concluido haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que «se posicione unánimemente en contra de esta legislación y se apoye a esta campaña», ya que a tenor de lo visto por parte del PP, «no se tiene en cuenta nada más que a los estafadores con una amnistía fiscal y a la ciudadanía para subir los impuestos».
