Los diputados socialistas andaluces continuarán pidiendo en el Congreso, a través de una proposición no de Ley, que el Gobierno cumpla el Estatuto de Autonomía de Andalucía y destine a la comunidad el 17,8 por ciento de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, de acuerdo a su peso poblacional en el conjunto del Estado, le corresponde, y que recoge la ley orgánica.
Los diputados Javier Barrero y Antonio Hurtado han anunciado este miércoles que utilizarán estas «armas parlamentarias» para seguir reclamando al Gobierno que dé a Andalucía «lo que le corresponde». «Pedimos lo nuestro, no estamos pidiendo nada diferente», ha subrayado el segundo de ellos, que anunció que la iniciativa se presentará en los próximos días.
Esa iniciativa parlamentaria se uniría al posible recurso ante los tribunales que la Administración autonómica aseguró que plantearía si el Gobierno no aceptaba cambiar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y dar a Andalucía el 17,8 por ciento de las inversiones. Los diputados no han querido entrar en detalles sobre ese posible recurso y Hurtado ha indicado que «desde Andalucía se adoptarán las medidas oportunas y necesarias para exigir el cumplimiento».
«La inversión pública tiene que ser del 17,8 por ciento y se ha invertido el 14,6, por lo tanto se incumple el Estatuto y se incumple la Constitución Andaluza», ha dicho Barrero, para quien el incumplimiento de la ley «no puede pasar desapercibido».
Los socialistas andaluces han repasado las enmiendas que han presentado en el Congreso al proyecto de presupuestos y han recordado que otras comunidades como Cataluña o Extremadura tienen también esa norma para la inversión de acuerdo al peso poblacional . Asimismo, han subrayado que Andalucía es consciente de que el Gobierno no puede pagar de golpe, por lo que en esas enmiendas se planteaban fórmulas para el ingreso «poco a poco».
Además, han indicado que de la misma forma que Andalucía ha actuado con «lealtad» al Gobierno al «aceptar» asumir un reequilibrio presupuestario de 3.800 millones de euros para cumplir con el déficit el 1,5 por ciento, el Ejecutivo también debe «atender a ella y devolvernos lealtad».
Al hilo de ello, también se han mostrado partidarios del cambio de criterio a la hora de fijar los ajustes presupuestarios para que se hagan de acuerdo a la población y no al PIB, como hasta ahora, lo que permitiría a Andalucía tener un mayor margen para respetar el objetivo de déficit sin haber realizado los recortes a los que se ha visto «obligada».
PEDIR PERDÓN
Ambos parlamentarios han coincidido en señalar que las cuentas que se aprobarán para este año son «partidistas» y suponen volver «a los gobiernos de Aznar», que «negaban el pan y la sal» a Andalucía. «Estamos de acuerdo con la austeridad pero esto no puede llegar a la injusticia», han dicho.
Además, no han pasado por alto que mientras que a la región se la acusaba de «maquillar las cuentas» y «se la desprestigiaba», tres comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León) sí «tenían facturas guardadas en el cajón», en alusión a su revisión al alza de sus respectivos déficits.
A su juicio, a la vista de los acontecimientos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado Antonio Beteta, ex onsejero de Economía y Hacienda de Madrid, deberían «pedir perdón a Andalucía y a los andaluces», que «ha demostrado que no tenía facturas escondidas».
