Derribar a un Gobierno incompetente es un requisito de reconocimiento de la salud democrática de un país. Es condición sine qua non para que ese Gobierno no arruine al pueblo cuyo interés juró, o prometió, defender. Ni que decir tiene que el derribo ha de venir acompañado de todos los perejiles legales establecidos para dicha acción. Nada de golpismos militares y nada de sabotajes callejeros por indignados profesionales teledirigidos desde distintas organizaciones con ánimo patente de lucro y ambición indisimulable de poder.

Construir un Gobierno sobre la estafa de un programa electoral que no se va a cumplir, exige una respuesta contundente por parte de la ciudadanía víctima del engaño. Bajo ningún concepto se ha de permitir la primacía del interés partidario sobre el bien público. Durante un tiempo, llamémosle de cortesía, la impericia o la inoperancia pueden justificarse. Al cabo del mismo, se acabó cualquier justificación impostora. El pueblo pinta menos cada día. Su voto tiene el valor de una milésima de segundo. Los recortes sociales amenazan la bolsa de los trabajadores. La panza mengua por momentos. La vida se encoge al ritmo de incremento del paro. La ciudadanía es víctima de la perfidia de la partitocracia.

Mira que nos costó traer la Constitución. Casi tanto como restablecer la democracia. Con igual suspense. Democracia y Constitución se funden en un concepto esplendoroso: pueblo soberano. Si se ataca a uno solo de estos tres monumentos jurídicos, ya sabemos de dónde proviene la ofensiva: o de fascistas, o de totalitarios de izquierdas o de derechas, o de ignorantes, o de perversos, o de malintencionados, o de belicistas, o de añorantes de la Dictadura. La nuestra es una Constitución avanzada en derechos y libertades. Muy progresista. Muy sensata. Muy de concordia. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político son principios esenciales de la misma. Del pueblo español emanan los poderes del Estado, proclama. No del catalán ni del extremeño ni del castellano ni del balear. El pueblo español es el soberano.

Los padres de la Constitución del 78 eran conocedores de la tortuosa historia de la España de los siglos XIX y XX y, desde esta sabiduría, quisieron dejar muy claro que esta Ley Suprema «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Sin embargo, a nadie se escapaban las aspiraciones independentistas de algunos. Aspiraciones absolutamente legítimas cuya legalidad sólo será posible en el marco de la Constitución. En esta consciencia jurídica e histórica, Solé Tura, Gabriel Cisneros, Peces Barbas, por citar a tres de los siete ponentes, no dudaron en redactar un párrafo advertidor en el marco de un artículo muy interior, el 155. «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». El peso de la historia sobre los hombros de los españoles ha llegado a ser tan insoportable, que todas las cautelas son pocas.

La actualidad nos plantea de nuevo cómo la economía se impone sobre ideologías y otras reivindicaciones de la cultura y de la política. Montoro avisó, por fin, sobre las consecuencias de la insumisión ante los requerimientos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No hay hueco con Hacienda. Y si buscan las vueltas, existen fórmulas intermedias de convicción previas a la inevitable del artículo 155.
Si Marx levantara la cabeza, comprobaría hasta qué punto el materialismo dialéctico mantiene su impronta. Hace dos años, este articulista finalizó su mensaje con el siguiente texto: “A vueltas con las dos caras. Una vez más poner una vela a Dios y otra al demonio. De nuevo, la marcha sobre el filo de la navaja. Se repite la historia del quiero y no puedo. El fantasma del artículo 155 toma posiciones. Atención a los duendes. No se les ve, pero enredan, lían, confunden, traicionan, atentan. Atención”.

¿Adivino? En absoluto. Realista empedernido. Hegeliano. Simplemente Hegel. El “decíamos ayer” de Fray Luis de León.