Qué tasas ni qué niño muerto. Ley de tazas. El engendro jurídico que Gallardón se ha sacado de la manga no es un tributo, uno más, que impone la justicia con minúsculas para ejercitar ciertos derechos. No. Es una taza. Un receptáculo del retrete a cuyo través se tiran las esperanzas de un recurso. Una concavidad escatológica en la que se depositan las igualdades. Un receptáculo en el que los más pobres echan su cuarto a espadas. Un recipiente sin asas que deja sin protección a los que piden una revisión de sus casos.
La taza/tasa es una ley disuasoria donde las haya. La tutela judicial efectiva se cuela por el sumidero al que conduce esa taza/tasa. Es la última moda de una forma innoble de entender el gobierno. Los ricos pagan y siguen adelante. Los pobres no pueden con el impuesto y son desahuciados de su derecho fundamental. El núcleo duro de nuestra maltratada Constitución se va al carajo, con perdón, por mor de una interpretación que se pasa el Estado de Derecho por el arco del triunfo.
Un Ejecutivo que yerre en sus diagnósticos incurre en responsabilidad. Como el médico o el arquitecto. Los paganos de esos errores somos los ciudadanos. Quién está en condiciones económicas de pedir una segunda opinión. Los de siempre que pueden pagarlo. Entender que el colapso de la Administración de Justicia se debe a la saturación de demandas y recursos, es tan impresentable racionalmente como atribuir al paciente el conocimiento necesario para someterse a una operación quirúrgica de envergadura. Alguien pasa por el quirófano si así lo
aconseja el cirujano de turno. Del mismo modo se acude a los tribunales en busca de soluciones legales, y en lo posible justas, a problemas solubles en la jurisdicción.
A partir de la ley de tazas/tasas, los ciudadanos se atendrán, por enésima vez, a la expresión del “agua y ajo”. Ya saben a aguantarse y a joderse. Pero sólo los más pobres. Los ricos tienen acceso a los abogados más prestigiosos, a los recursos más difíciles y, por disuasión de una de las partes, ganarán siempre. La falta de dinero extingue derechos y cercena garantías. No por sentencia del
juzgado. Por abandono provocado por K.O. económico. Imaginen a un trabajador despedido tener que pagar por recurrir una sentencia favorable a la empresa. De dónde va a sacar para la taza/tasa.
Gallardón. Gallardón, no. El responsable de esta barbaridad jurídica, de este atropello, es el Gobierno en pleno. La idea nacerá del ministro. La ley, malhadada, se aprobará en el Parlamento. La mayoría absoluta está en manos del PP. Por tanto, silogismo concluido. A pagar. La tasa. Los derechos, por la taza. Menudo panorama.
