La Federación de Servicios (FeS) de UGT Huelva ha acusado a la Administración pública y a Correos de «amparar y ser cómplice de las prácticas irregulares de la empresa de seguridad privada Esabe Vigilancia». Así lo ha señalado el secretario general de FeS-UGT Huelva, Antonio Expósito, que ha explicado que Esabe Vigilancia es adjudicataria de los servicios de Seguridad Privada en diferentes administraciones públicas, siendo uno de sus clientes el grupo Correos.

Según Expósito, «estas administraciones incorporan en los pliegos de licitación cláusulas en relación al cumplimiento de las obligación y deberes en la normativa vigente de convenios colectivos, seguridad social y abonos a hacienda». En este sentido, la Federación de Servicios denuncia que la empresa mantiene «prácticas empresariales ilegales como abonar irregularmente las nóminas y las pagas a su plantilla, tener embargadas las cuentas por la tesorería de la Seguridad Social por falta de cotización y tener embargadas las cuentas bancarias por múltiples sentencias judiciales en concepto de reclamaciones de abonos a los trabajadores». Además, el sindicato acusa a la empresa de «declarar de forma fraudulenta sus ingresos a la hacienda pública y tener multitud de denuncias en todas las inspecciones provinciales de trabajo del Estado». Según Expósito, «esto es conocido por ayuntamientos, diputaciones provinciales, comunidades autónomas y por la administración central del Estado».

El sindicato rechaza estas prácticas de la dirección de la empresa y responsabiliza al grupo Correos porque «siendo contratistas no sólo no mantienen el control sobre estas situaciones, sino que continúa adjudicando y prorrogando a Esabe multitud de contratos, amparando y siendo cómplice del fraude público y, por tanto, de la continuación de esta mala gestión empresarial».

Expósito señala que «el Grupo Correos es el que debe velar por el cumplimiento de la norma» y que es «inadmisible e intolerable que continúe sin exigir las responsabilidades que tiene Esabe Vigilancia con sus trabajadores y trabajadoras, con la Seguridad Social y con la hacienda pública; y que permita que la empresa continúe operando y creciendo en su volumen de negocio a costa de la precariedad laboral».