El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, el onubense Juan Márquez, tampoco ha respondido a ni una sola de las preguntas que se le han formulado esta mañana del jueves por parte de los miembros de la Comisión que investiga en el Parlamento el escándalo de los ERE.Márquez ha seguido el mismo guión que los demás comparecientes: declararse inocente y después guardar silencio, a pesar de los requerimientos de algunos diputados, como Alba Doblas (IU), que le ha pedido que hable para que la institución parlamentaria no quede por los suelos y no se acabe con el poco aguante que hay ya entre la ciudadania.

La comisión, lejos de aportar luz, está convertiéndose en una pantomima que no arroja ninguna novedad sobre el caso, ante el silencio de los comparecientes, que se acogen a su derecho legal de no responder a las preguntas para no perjudicar su defensa en la vía judicial abierta por la jueza Mercedes Alaya.

EN LIBERTAD CON CARGOS

El ex director general de Empleo de la Junta, el onubense Juan Márquez, no fue enviado finalmente a prisión como su antecesor en el cargo y fue puesto en libertad por la juez Alaya después del interrogatorio al que fue sometido durante dos días. Eso sí, pesan sobre Márquez los cuatro delitos que se le imputan: prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad y omisión del deber de perseguir delitos.

Siendo ex director general se aprobaron ayudas a la empresa Surcolor para el abono de nóminas y Seguridad Social, a pesar de que la solicitud realizada por la compañía era para las primas de las prejubilaciones.

En cuanto a las ayudas a distintas personas, el ex delegado provincial Juan Rodríguez Cordobés acabó apareciendo como intruso en la empresa Calderinox, sin que Márquez sepa el porqué.

Sorprendente también la explicación que los abogados aseguran dio Márquez ante Alaya sobre otro caso particular, el del miembro de Comisiones Obreras Antonio Fernández Garzón, beneficiario de otra póliza en Calderinox sin que hubiera trabajado en dicha empresa. En este caso fue incluido porque recibieron una carta del sindicato CCOO.

Márquez admitió ante la jueza que probablemente no fue todo los diligente que debiera en el control de las ayudas. «Tenía muchos conflictos que atender», explicó a la juez para justificar lo ocurrido. Tantos conflictos que incluso tenía que dar órdenes por los pasillos, llegó a decir.

El ex director general mantuvo como línea argumental que él se encontró cuando llegó a la Dirección General de Empleo con una forma de llevar adelante los expedientes para dar las ayudas que consideró legal, aunque se realizaron mejoras en el trámite administrativo. En este sentido, declaró que él comunicó verbalmente tanto al consejero Antonio Fernández como al viceconsejero que había un «déficit administrativo» en el proceso y que procedió a mejorarlo.

Juan Márquez sustituyó en el cargo a Javier Guerrero -ahora en prisión-.