(Texto: Rosa Font) Trece acusados asistidos por nueve letrados, una petición de condena por parte de la acusación pública que suma más de 98 años de cárcel y al menos dos semanas de plenario. Son las grandes cifras del macrojuicio que se celebra desde este lunes, 5 de noviembre, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial contra los miembros de una organización criminal que funcionaba como una agencia de servicios para bandas de narcotraficantes, a las que presuntamente despejaban el camino para el desembarco de la droga, ofreciendo garantías de seguridad.
Los miembros de la red que ahora se van a sentar en el banquillo por asociación ilícita, tenencia de armas o blanqueo de capitales procedente del narcotráfico (implicaciones en distintos grados) fueron detenidos en dos fases, entre finales de 2010 y abril de 2011, en el marco de la denominada Operación Mecánico, desarrollada por la Brigada de Estupefacientes de la Policía Nacional de Huelva. El operativo fue coordinado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ayamonte y participaron además la Guardia Civil y la Fiscalía Antidroga.
La organización saboteó durante las Navidades de 2010 las instalaciones que el Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) tiene en la zona de Lepe (llegaron a tirotearla y destrozarla parcialmente) precisamente para conseguir una zona muerta en los ojos de los vigías electrónicos que el SIVE tiene en la Costa occidental para frenar la entrada de droga en el país con la provincia onubense como puerta de entrada.
En la investigación, se confirmó que el grupo consiguió instalar dispositivos electrónicos de localización (balizas) en vehículos de la Guardia Civil de puestos costeros -El Rompido, Cartaya y Punta Umbría- y que utilizaba terminales de transmisiones de los empleados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que eran «extraviados» los días de los alijos y con los que la organización estaba al tanto de los avisos realizados por la sala de operaciones de Guardia Civil. Estos dispositivos de localización se detectaron tanto en las patrulleras de Guardia Civil como en las del Servicio de Vigilancia Aduanera, con los que controlaban en todo momento su ubicación y movimientos.
La organización tenía una estructura piramidal, en cuyo vértice se encontraba el cabecilla, LG.M., un mecánico cuya profesión precisamente da nombre a la operación policial, que supuestamente manejaba desde El Rompido los hilos de la organización y cada uno de sus movimientos.
Presuntamente, el cabecilla tenía en nómina a los dos agentes de la Guardia Civil que están acusados, que supuestamente facilitaban información sobre posibles operativos, además de la que aportaba un vigilante de seguridad destinado en la Agencia Tributaria, destinado en el muelle del Tinto, punto en el que tenía controlados los movimientos de las patrulleras de Aduanas.
Los investigadores llegaron a intervenir al grupo material de vigilancia de última generación, como prismáticos de largo alcance, teleobjetivos o equipos de onda corta para transmisiones.
