(Texto: Rosa Font) El juicio por los presuntos delitos de inmigración ilegal y amenazas ha quedado visto para sentencia este lunes en la Audiencia Provincial de Huelva. Finalmente, la Fiscalía ha rebajado de manera considerable su petición inicial de penas, al solicitar solo dos años de prisión sobre los siete iniciales por el delito de inmigración ilegal y quedarse las amenazas en una falta de amenazas.
La no presencia de los afectados, dos ciudadanos marroquíes, ha condicionado la vista, en la que el fiscal ha llegado a un acuerdo con las defensas, de manera que los acusados admitían la acusación principal pero la pena solicitada quedaba reducida a un tercio de la inicial.
Los hechos enjuiciados este lunes tuvieron lugar a comienzos de 2010 en uno de los despachos de una conocida gestoría de la localidad costera. Los protagonistas, el empresario I.G.M. (que sacó un arma), el propietario de la gestoría (libre de cualquier acusación), y un tercer ciudadano español, J.F.M. Los perjudicados, dos inmigrantes procedentes de Marruecos, G.A. y A.K.
En aquel despacho, se libraba una discusión por algunas incidencias en el contrato de trabajo que el empresario I.G.M. había proporcionado a uno de los trabajadores, que le pidió poder abonar por su cuenta las cotizaciones sociales algunos meses más para garantizarse algunas ayudas públicas. Ante la negativa del acusado, G.A. le respondió que no firmaría ninguna de las nóminas pendientes así como tampoco el finiquito. Tras esta advertencia I.G.M. sacó el arma (resultó ser detonante) y los inmigrantes huyeron a toda prisa.
Acababa así un nuevo caso de favorecimiento de inmigración irregular, que cuenta con una tercera pieza en juego, el contacto de los dos empresarios en Marruecos, el también marroquí R.K.
La historia había comenzado dos años antes (finales de 2008) en suelo marroquí, cuando R.K contactó con los dos perjudicados y les propuso emigrar a España. En los meses siguientes se hicieron los trámites y J.F.M. llegó a viajar a Marruecos para recoger los pasaportes de los perjudicados, que entraron vía Ceuta, tras pasar la frontera, y de ahí saltaron hasta Punta Umbría, donde vivieron temporalmente en el domicilio de R.K.
Una vez que se les caducó el visado de estancia en España, se facilitó a G.A. y a otro compatriota dos contratos de trabajo a nombre de la empresa de explotaciones pesqueras de I.G.M., sin que realizaran trabajo alguno y abonando además la cantidad de 255 euros mensuales en concepto de cotizaciones sociales.
