El primer grupo de trabajadores de la Mancomunidad Cuenca Minera que se vieron obligados a demandar a la Entidad por la situación insostenible de impago de sus nóminas (desde Octubre de 2011 hasta Julio de 2012) han mostrado indignación e incredulidad ante el cobro de las nóminas de los meses de septiembre y octubre de este año, «por parte de los compañeros que aún quedan en la Mancomunidad».
Desde Octubre de 2011, son más de 200 personas a las que se les adeuda los salarios, la mayoría pertenecientes a Programas de Talleres de Empleo y Escuelas Taller realizados entre 2010 y 2011 y que contaron con un presupuesto de 2.049.880 euros, financiados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Según estos trabajadores,desde el mes de diciembre del pasado año y hasta la rescisión de sus contratos en julio de este año, diez personas han estado trabajando en las dependencias de la entidad: “Han sido meses muy duros, dos compañeras del Centro de Información a la Mujer (CIM), una compañera de la Unidad de Empleo para Mujeres (UNEM), tres personas del Servicio de Orientación Profesional (Andalucía Orienta) y cuatro en la estructura básica de la Mancomunidad .hemos trabajado y atendido las necesidades de los ciudadanos de la Comarca, como si no nos faltara el sueldo, meses de infinidad de reuniones con los representantes políticos de todo signo, de actos de protesta, siempre con la finalidad de solucionar el problema”.
Para los extrabajadores de la Mancomunidad: “Lo que siempre tuvimos claro (unos cuantos), es que no cobraríamos un solo euro, sin que, lo que hubiese, se repartiera entre los doscientos que estábamos sin cobrar desde octubre”. La situación ha cambiado desde que estos trabajadores rescindieron sus contratos, sólo cobran los trabajadores que conforman la actual plantilla, “desconocemos( afirma un representante de los extrabajadores) si también el Interventor, al que hemos llamado para que nos informase sobre lo que está ocurriendo y se ha negado a hablar con nosotros porque ya no somos trabajadores de la Entidad. De lo que se olvida es que somos acreedores con tanto derecho a cobrar como los demás, y que dialogar no es peligroso, y menos cuando es sobre el dinero público, su destino y la legalidad”.
Para el colectivo, esta actuación es una ilegalidad manifiesta según lo establecido en el (art. 187 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales; art. 65 del RD 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos y art. 74.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).“Aparte de lo ilegal y arbitrario de tal actuación, concluyen ,la falta de ética, compromiso y responsabilidad para con el resto de trabajadores y trabajadoras, queda patente”. Finalmente aseguran que “esta denuncia no va dirigido contra las compañeras y compañeros que han cobrado (eso merecería mención aparte), sino contra quien (o quienes) ha permitido que cobren unos y no todos, porque todos y todas hemos trabajado, y todos y todas tenemos derecho a cobrar lo que es nuestro, sin distinciones ni privilegios”.
