FSP UGT Huelva ha denunciado «un nuevo ataque del estado de bienestar, basado en la nueva ofensiva del Gobierno del Partido Popular contra el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los empleados públicos».

El derecho a la tutela judicial efectiva se está viendo «atacado como reducción del déficit público, con el anteproyecto de ley de reforma de la Ley 1/1996 de 10 de Enero, de asistencia jurídica gratuita».

Estas medidas del gobierno del PP, siguen sin contar con las organizaciones sindicales y pretenden eliminar el derecho a la asistencia jurídica gratuita a los empleados públicos cuando actúen ante el orden social.

Desde FSP UGT Huelva «denunciamos que el derecho a la asistencia jurídica gratuita no es un privilegio, y si una forma de asegurar que la parte más débil de las relaciones de trabajo (empleados públicos) accedan a la justicia de manera gratuita».

«Es inadmisible que limitemos la capacidad de defensa del empleado público, en una época donde al empleador se le facilita el despido y su abaratamiento, reduciendo salarios o modificando condiciones sustanciales de trabajo», asegura el sindicato.

Por todo ello, «manifestamos nuestro rotundo rechazo a este borrador de anteproyecto de ley que implica un desequilibrio aún mayor en las relaciones entre empleados/as públicos y empleador».