El vicepresidente del Congreso de los Diputados y presidente del PSOE de Huelva, Javier Barrero, ha asegurado que “el copago judicial del PP imposibilitará el acceso a la justicia a miles de onubenses”.
Javier Barrero ha lamentado esta “nueva injusticia del PP que impedirá a los onubenses con menos recursos económicos acudir a la defensa de sus derechos”. Así, ha señalado que los ciudadanos «tendrán que pagar 11.300 euros en un pleito por reclamación ante una negligencia médica que tuviera que llegar al Tribunal Supremo, 19.550 euros en el caso del ocupante de un vehículo que se queda tetrapléjico y que tiene que recurrir al Supremo por diferencias con la aseguradora o entre 800 y 3.800 euros para reclamar sus ahorros en un banco».
No obstante, Javier Barrero ha indicado que “el colmo de la incongruencia será el pago de 200 euros para recurrir una multa de tráfico de cien euros”. El dirigente socialista ha indicado que “estas aberraciones han provocado que la Ley no sólo haya sufrido un rechazo político, sino social y profesional, ya que las asociaciones de consumidores, sindicatos y todas las profesiones que actúan en procesos judiciales han coincidido en rechazar este nuevo atropello del Gobierno».
Para Barrero, “el Gobierno conforma una justicia para ricos y otra para pobres”. Así, incidió en que en España hay más de 7 millones de asuntos registrados y en Huelva unos 60.000 casos, “todos ellos van a sufrir unas tasas, no sólo las empresas que litigan sino también las personas físicas, por lo tanto, lo que antes era gratuito ahora tendrá precio”.
El diputado nacional ha reprochado «que el PP continúe con su hoja de ruta de introducir el copago en todos los servicios públicos, que los ciudadanos financiamos con los impuestos, para preservar ese dinero para financiar a los bancos» y ha aseverado que “con recortes en educación, copago en sanidad y el nuevo copago en justicia, el PP lo único que está haciendo es crear una sociedad en función de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos”.
El PSOE ha reiterado su rechazo a unas tasas judiciales que «atentan contra la Constitución y contra el Estatuto de Autonomía de Andalucía», así como «contra las personas más débiles», a las que asegura que estas tasas «apartarán de la justicia cuando quieran defender sus derechos».
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ya ha anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional “contra el tasazo judicial de Gallardón, ya que es inadmisible que a la justicia, uno de los máximos valores constitucionales, el Partido Popular le haya puesto precio”.
