La situación en el Ayuntamiento de Cartaya sigue siendo complicada. A pesar de que se puso en marcha el plan de ajuste municipal, aún se siguen produciendo retrasos en el abono de las nóminas y la deuda con los trabajadores sigue creciendo. Para buscar soluciones a este problema, se han planteado diversas alternativas para reducir gastos superficiales o prescindibles en tiempos de crisis; unas medidas que han sido desoídas “de forma sistemática” por el Equipo de Gobierno según ha manifestado el sindicato CSI-F.
En este contexto ahora se ha planteado el despido de 17 trabajadores del Ayuntamiento cartayero, una opción a la que se opone ?frontalmente? esta Central Sindical. El plan de ajuste ya contempló la reducción de sueldos en un 10% y de cara al año que viene esa cifra asciende al 12%. Por eso, CSI-F dice no entender cómo ?si en 2012 está previsto cumplir los objetivos del plan, se va a prescindir de 17 puestos de trabajo bajo el pretexto de no asegurar el pago de la nómina de la plantilla municipal
Para la Central Sindical, “ésta es la salida más fácil a pesar de que se han puesto encima de la mesa fórmulas alternativas que reducen gastos innecesarios o sobredimensionados”. Por este motivo, CSI-F ha acusado a la corporación de “jugar con los trabajadores que son los que están pagando las consecuencias de la mala gestión económica de los diferentes equipos de gobierno locales”.
Así las cosas, desde el sindicato se tomarán las medidas necesarias para frenar los 17 despidos en el Ayuntamiento.
IMPAGOS
A pesar de la puesta en marcha del plan de ajuste, la corporación aún le debe a la plantilla el 50% de la nómina de octubre y les adeuda las pagas extra de junio de este año y las pagas de junio y diciembre de 2011. A esto se suman los impagos de las horas extra, la antigüedad y otros complementos de la nómina de los trabajadores.
NOTICIAS RELACIONADAS:
—El alcalde de Cartaya dice que los despidos obedecen al plan de ajuste
—IU rechaza el despido de 17 trabajadores en el Ayuntamiento de Cartaya
—El PSOE de Cartaya considera el despido de los 17 trabajadores un ataque al servicio público