Izquierda Unida ha presentado una moción para el pleno que el Ayuntamiento de Cartaya celebrará el próximo viernes en la que propone a la Corpoación que se solidarice con las personas que son víctimas de desahucios y tome medidas para ayudarlas y, en aquello que sea posible, intentar impedir que las familias se queden sin vivienda.
En su moción, IU hace las siguientes propuestas:
1. Instar al Gobierno Central para que apruebe una moratoria total o parcial, sin intereses añadidos, de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual, a favor de las personas que se hallen en situación de insolvencia sobrevenida de buena fe, de tal forma que se eviten los procedimientos judiciales hipotecarios, las subastas de viviendas y los desahucios que están dejando en la calle a miles de familias.
2. Instar al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para que en los supuestos de vivienda habitual e insolvencia sobrevenida, se aplique la dación en pago regulada en el articulo 140 de la Ley Hipotecaria, de tal forma que, a elección del deudor, se pueda cancelar, sin ejecución hipotecaria, la totalidad de la deuda pendiente con la entrega de la vivienda aunque ello no se haya pactado al constituirse la hipoteca.
3.- Acordar el apoyo de este pleno a la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago y el alquiler social que deberá ser entregada en antes del 25 de enero de 2013, para modificar las injustas Leyes de Enjuiciamiento Civil y Ley Hipotecaria que permiten la sangría de desahucios masivos que se producen en Andalucía.
4.- Suscribir acuerdos o convenios de colaboración con la Junta de Andalucía para hacer efectivo el Programa en defensa de la Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda y de esta manera garantizar, hasta el cambio de ley estatal, que las administraciones más cercanas a la ciudadanía intermedien, a través de las oficinas de intermediación hipotecaria en las delegaciones territoriales de la Consejería de Fomento y Vivienda, con las entidades financieras para evitar los desahucios.
5.- Instar a las administraciones con competencias -Gobierno y Junta de Andalucía- a que hagan efectivo el uso social de la vivienda recogido en los tratados internacionales, Constitución española y Estatuto, y de esta forma deje de crecer el parque de viviendas vacías, a costa de quienes pierden sus viviendas en manos de los bancos. Se hace necesario que de manera urgente se habiliten normas esenciales para movilizar el parque de viviendas deshabitadas existentes en Andalucía y se fomente el alquiler adecuado.
6. Más allá de las medidas de competencia estatal, proponer las siguientes medidas a emprender a nivel municipal:
6.1. Plantear la eliminación del impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda, en aquellos supuestos que la ley lo permita.
6.2. Revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y colaboración en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.
6.3. No poner ni un solo policía municipal a disposición de las órdenes de desahucio.
6.4. Interpelar a las entidades financieras que operan en la ciudad para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria. Y buscar alternativas como la dación con cancelación de deuda o un alquiler adecuado.
6.5. Colaboración de los servicios jurídicos del ayuntamiento en todos los casos que lo requieran.
6.6. Coordinar el trabajo en cuanto a los casos de desahucio con la Oficina de Intermediación Contra los Desahucios dependiente de la Consejería de Vivienda y Fomento de la Junta de Andalucía y sufragar los gastos del viaje para acceder a la misma por parte del Ayuntamiento en el caso de que las personas afectadas no tengan posibilidades económicas para poder acudir a la misma.
