Abuso sexual, solicitud sexual en el ejercicio de sus funciones y cohecho. Son los delitos por los que puede ser procesado un funcionario de la Oficina Única de Extranjería que presuntamente cobró dinero y solicitó favores sexuales a mujeres inmigrantes a cambio de papeles o de agilizar los trámites para regularizar su situación, un escándalo que llega a la Audiencia Provincial seis años y medio después de que tocara de lleno a la Subdelegación del Gobierno en Huelva, según ha adelantado la periodista Rosa Font en una información publicada en el diario digital http://pagina3huelva.es/.

En la cita noticia consta que después de una instrucción que se ha eternizado por varios recursos y por disparidad de criterios entre la autoridad judicial y la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción 4 dicta auto de procesamiento, al que ha tenido acceso esta redacción, en el que quedan implicadas dos ciudadanas de origen chino a las que se procesa por cohecho, mientras que queda libre de toda inculpación un agente de la Policía Nacional que fue detenido e imputado en un principio. Este auto es también suceptible de recurso.

También da cuenta que, según el instructor, ha quedado acreditado de forma indiciaria que el funcionario utilizó su posición en varias ocasiones para solicitar favores de naturaleza sexual a solicitantes de permisos, a cambio de agilizarles su tramitación o incluso prescindir de todos los trámites para la concesión de permisos. En el auto, se llega a concretar hasta seis casos, con nombres y apellidos, en los que “a cambio de agilizar los trámites, abusando de su superioridad” solicitó favores sexuales a estas mujeres inmigrantes.

En cuanto al delito de cohecho, el juzgado considera indiciariamente acreditado que el mismo funcionario solicitó y recibió diversas cantidades de dinero a personas extranjeras para la tramitación de expedientes, con resultado favorable aunque –señala- “faltaran uno o varios de los requisitos necesarios e incluso aunque manifiestamente la resolución hubiera de ser desfavorable”. Entran aquí en escena, las dos ciudadanas chinas a las que se procesará también por cohecho. Según la investigación, el funcionario presuntamente llegó a recibir cantidades que oscilaban entre los 5.000 y los 8.000 euros.

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Huelva comenzó a investigar la presunta trama en la primavera de 2006, después de recibir diversas denuncias que ponían en sobreaviso de supuestas irregularidades y falsificación de documentos y venta de papeles a inmigrantes. Las investigaciones, que se llevó desde la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional de Madrid destapó las irregularidades y llegó a haber hasta 14 detenciones, que pasaron después a manos de la autoridad judicial.

Por último pagina3huelva.es informa que inicialmente fueron imputadas cuatro personas, incluido un agente de la Policía Nacional que finalmente ha quedado fuera de cualquier cargo. El escándalo que salpicó a la Subdelegación del Gobierno por las supuestas anomalías en su funcionamiento, según las declaraciones judiciales, era hasta ese momento un secreto a voces.