Trabajadores del sector de la Dependencia en la provincia de Huelva (Ayuda a Domicilio y Geriátricos) se han concentrado este miércoles a las 12,00 horas frente a la delegación de Salud de la Junta de Andalucía para protestar por “la terrible situación personal que los impagos de la Junta les está provocando”, ha afirmado Carmen Marchena, responsable de acción sindical, sectores privados, fundaciones y empresas públicas de CCOO Huelva.

En este sentido, Marchena ha explicado que “la Junta está mintiendo descaradamente cuando afirma que está manteniendo la Dependencia ya que la Administración Autonómica no cumple con su obligación de financiar el 50% de los costes, acumulando unas deudas insostenibles con las empresas que finalmente acaban pagando los trabajadores que llevan meses sin cobrar”.

El marco jurídico para el desarrollo de la Ley de la Dependencia indica la obligación del Estado y de las Administraciones Autonómicas de financiar estos programas al 50%. Este reparto de obligaciones se quebró cuando esta partida se redujo en un 26,3% en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 aprobados por el Gobierno del PP. Una vez aprobados los presupuestos, la Junta de Andalucía hizo pública su intención de asumir la parte que había recortado el Gobierno Central con la intención de mantener el sector en la comunidad.

Sin embargo, tal y como ha explicado Carmen Marchena, “la afirmación es falsa, ya que durante estos meses la Junta de Andalucía no sólo no ha compensado ese 26,3% que ha recortado el Ejecutivo, si no que, lo que es mucho más grave, no ha cumplido con sus obligaciones marcadas por ley de financiar el 50%”.

Así, según Marchena, “la dejadez y falta de responsabilidad de la Junta se muestran en las deudas que ha contraída con las empresas del sector, que alcanzan los 6 meses de atrasos con los geriátricos, y de casi un año en la ayuda a domicilio”. Más allá, hace referencia a ejemplos concretos en que “algunas empresas sí cumplen sus compromisos con los trabajadores como Sarquavitae y NEMO, que están al día con sus plantillas, y sin embargo acumulan impagos de la Junta de millones de euros, algo insostenible que provocará la inviabilidad de las mismas, y el despido de los trabajadores”.

Esta realidad expresada por la sindicalista se refleja en las historias personales de los trabajadores y trabajadoras de este sector que son “los que realmente están pagando los platos rotos, sufriendo la presión de no poder hacer frente al pago de sus hipotecas, o de servicios básicos como la luz, y todo tipo de situaciones personales que tienen un culpable claro, la administración que no paga, que no asume sus compromisos marcados por ley, y que está empujando a estas personas a una situación realmente insostenible”, ha afirmado Marchena.

Así, desde CCOO se ha denunciado “el riesgo de desmantelamiento del sector de la Dependencia, lo cual supondría abandonar de facto la cobertura que las administraciones deben dar a los más desfavorecidos”. En este sentido, el sindicato ha afirmado que “es el momento de abrir un debate serio sobre las líneas rojas que no debemos cruzar si queremos conservar un modelo social basado en la solidaridad y apoyo a los más desfavorecidos, y el desarrollo de la Ley de Dependencia es un punto clave en este aspecto, que debería estar contenido en el tan renombrado Pacto por Andalucía que tiene la obligación de dar soluciones reales a los problemas reales de los andaluces y andaluzas como es el que se deriva de esta situación, y no ser un mero documento político vacío de contenido”.

RESPUESTA DE LA JUNTA

Ante esta concentración, desde la Junta de Andalucía se ha emitido un comunicado en el que se asegura que «está realizando un importante esfuerzo por dar cumplimiento a la Ley de Dependencia y, específicamente dentro de ella, garantizar la financiación del servicio de ayuda a domicilio que prestan los ayuntamientos de localidades de más de 20.000 habitantes y la Diputación Provincial de Huelva en el resto de la geografía onubense. Se trata de una prioridad absoluta para el Gobierno andaluz».

Fruto de esta apuesta es que, pese a los recortes y el objetivo de déficit impuestos a las comunidades autónomas por parte del Gobierno central, la Junta acaba de realizar un pago de 3,5 millones de euros a entidades locales onubenses que va destinado a su vez a las empresas que se ocupan de ofrecer la ayuda a domicilio a las personas beneficiarias. En este sentido, desde la administración andaluza se valora la gran profesionalidad de los trabajadores de estas empresas y la notable labor que realizan.

A este último pago se suma además que, con vistas al presente ejerci-cio, la Consejería de Salud y Bienestar Social ha suscrito convenios de colabo-ración con los consistorios de municipios con población superior a 20.000 ciudadanos y las diputaciones provinciales para llevar a cabo esta prestación, que en 2013 cuenta con una inversión total de 287 millones de euros. Durante 2012, la partida consignada por la delegación territorial de Huelva para este capítulo ha ascendido a 23,3 millones de euros.

A diferencia del compromiso demostrado por la Junta, desde el Gobier-no central se ha reducido durante los dos últimos años en 214 millones de euros la aportación a Andalucía para dependencia. Esto implica que, en la actualidad, la administración autonómica asume el 80% de la inversión frente a sólo el 20% del Estado.

De hecho, para compensar los recortes impulsados desde el Ejecutivo nacional, la Junta ha aprobado en los presupuestos de 2013 una partida de 2,6 millones de euros más al año para atender a las personas en situación de dependencia, elevándose a 1.108 millones la inversión total con que cuenta la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. También este año la Junta ha acordado la distribución de 10,3 millones de euros enfocados al mantenimiento de los trabajadores sociales que están contratados como personal de refuerzo para el desarrollo de este derecho.

Todo ello pone de relieve una vez más que Andalucía es la comunidad autónoma que más defiende la aplicación de la Ley de Dependencia, agluti-nando a día de hoy por encima del 25% de las valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias en el conjunto de España. En cuanto a la ayuda a domicilio, concentra al 40% del total. Para dar respuesta a esta situación, la Junta ha invertido desde la entrada en vigor de la norma más de 4.500 millones de euros en su cumplimiento, multiplicando por siete la cantidad asignada en los últimos cinco años.

En el lado opuesto se encuentra el Gobierno central que, además de re-ducir drásticamente la financiación a las comunidades autónomas, ha limitado la aportación económica a las cuidadoras, priorizando el modelo residencial frente a los cuidados en el entorno de la persona en situación de dependencia, eliminado su cotización a la Seguridad Social y disminuido las horas de ayuda a domicilio, así como retrasado hasta 2015 la entrada en vigor de la efectividad del derecho a la prestación para las personas con dependencia moderada. Incluso desde el ministerio se ha ido más allá y se están introduciendo cambios en la normativa para dificultar el acceso de la ciudadanía a este derecho, burocratizando en exceso el procedimiento, lo que supone nuevas trabas en la aplicación de la ley y una invasión de las competencias de las comunidades autónomas.

Se trata, en definitiva, de una derogación velada de la propia norma por parte del Gobierno de Rajoy, que persigue el desmantelamiento progresivo de uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar.