“Me oriné encima…no me dejaron ir a hacer mis necesidades a la casa…luego me insultó (uno de los acusados) y me llamó meona”. Lo relataba la misma mujer que había confirmado haber recibido propuestas sexuales directas por parte de su patrón –el propietario de la finca de Cabezo Redondo– y que, ante su negativa, “comenzó a amenazarla” con dejarla sin trabajo y estrechar aún más la vigilancia sobre ella, según el relato que hace la periodista Rosa Font en http://pagina3huelva.es/ .

Estas denuncias forman parte de la cuarta declaración (de un total de nueve) que hoy se ha visionado en la sala del Penal 3 de Huelva, en la que ha sido segunda y última sesión del juicio contra el dueño de la referida finca y dos de sus hijos, denunciados por 24 temporeras inmigrantes, por haber sido objeto de abusos sexuales, vejaciones, golpes, y un trato inhumano a manos supuestamente de los hombres para los que trabajaban.

El vídeo de las declaraciones de las mujeres , grabados como prueba tras la denuncia de las temporeras en abril de 2009 en el Primera Instancia e Instrucción 1 de Moguer -grabación recurrida en bloque por las defensas por la dificultad de someterla a contradicción ante la ausencia de las denunciantes- ha cerrado el turno de pruebas.

Las partes han elevado a definitivas sus conclusiones, con modificación en el caso de la Fiscalía del delito contra los derechos de los trabajadores por imposición coativa de condiciones laborales – que considera simple y no continuada- y de la multa por la falta de amenazas. Las defensas de los tres acusados, el empresario agrícola, F. V. Z., y sus hijos – J. A. V. P. , F. A. V. P.- han solicitado la absolución de sus clientes.

Los tres hombres están acusados de 25 delitos contra la integridad moral; un delito continuado contra los derechos de los trabajadores por imposición coactiva de condiciones laborales; cuatro delitos de abuso sexual, cinco falta de maltrato de obras y dos faltas de amenazas. Por ello, se enfrentan a una pena conjunta de 90 años de cárcel por los dos primeros delitos, a los que el cabeza de familia suma por los abusos sexuales.