El Ayuntamiento de La Palma ha dado luz verde este viernes en un intenso pleno cargado de contenido a un asunto de enorme calado que beneficiará al cien por cien de los vecinos de la localidad: la bonificación en un 95 por ciento del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en caso de herencia, la denominada plusvalía, lo que a efectos reales quiere decir que sólo habrá que pagar una cantidad simbólica del 5 por ciento cuando una familia herede un inmueble.
El año pasado ya se aprobó la bonificación del 60 por ciento de este impuesto municipal y este año se ha elevado al 95 -máximo permitido-, según ha manifestado el alcalde en el transcurso de la sesión, por sensibilidad con una situación injusta, por voluntad política del equipo de Gobierno y porque en el Ayuntamiento se dan las circunstancias económicas adecuadas como consecuencia de haber puesto en marcha en su debido momento las medidas necesarias para afrontar la actual situación económica.
Además, Juan Carlos Lagares dijo que el Ayuntamiento de La Palma es el primero de toda la provincia que implanta esta medida sin condiciones y que serán alrededor de cien familias de la localidad las que se beneficien cada año de la medida. Asimismo manifestó que el gran esfuerzo que realiza el Consistorio palmerino para aplicar esta medida debería ser secundado por la Junta y que de esta forma también quedara eliminado el pago de la plusvalía que se abona a la Administración andaluza.
En esta iniciativa se incluye igualmente otro aspecto de profundo calado social ya que se ha acordado que en adelante se exigirá a las entidades bancarias y no al hipotecado el pago de la plusvalía cuando se produzca una dación en pago. El concejal de Economía y Haciendo, José Carlos Álvarez, aseguró que con esta determinación queda claro compromiso del Ayuntamiento con las personas que se encuentran en riesgo de exlusión y su firme apuesta por estar al lado de los palmerinos que peor lo están pasando en estos momentos. La medida entrará vigor una vez sea publicada de forma oficial.
Pero en el pleno también se ha sacado adelante otra cuestión de gran impacto en la opinión pública, entre la satisfacción generalizada de las decenas de palmerinos que han asistido a la sesión, en su mayor parte integrantes de las comunidades educativas de los colegios concertados Nuestra Señora del Carmen y Santo Domingo Savio -Carmelitas y Salesianos-, gracias el acuerdo alcanzado por los dos grupos que integran la Corporación Municipal para instar a la Consejería de Educación de la Junta a que cumpla con la legislación de centros educativos vigentes y abandone sus planes de eliminar una unidad del colegio de las Carmelitas.
Después de que el alcalde, Juan Carlos Lagares, leyera el texto de la moción transaccional los presentes irrumpieron en un largo aplauso para dejar claro su respaldo unánime al acuerdo del Ayuntamiento. Es más, antes de abandonar el pleno la directora del centro afectado por la medida de la Administración autonómica, Purificación Marroquí, quiso felicitar personalmente al alcalde por el apoyo que ha prestado a la reivindicación que desde hace semanas mantienen numerosos ciudadanos de La Palma y que persigue que el colegio Nuestra Señora del Carmen continúe con la clase de infantil que la Junta pretende eliminar a pesar de contar con alumnos suficientes matriculados.
El pleno ha aprobado la transaccional a raíz de una moción presentada por el Grupo Popular en rechazo de la política educativa de los conciertos de la Junta de Andalucía y tras producirse en La Palma importantes movilizaciones en respaldo de las Carmelitas como la concentración que tuvo lugar el pasado miércoles en la plaza de España, que fue secundada por cientos de personas y en la que se dio lectura a un manifiesto de forma conjunta por la directora del citado centro y por el director de los Salesianos, Juan Bosco Noguera.
Otra de las cuestiones que ha recibido luz verde en el pleno es la aprobación inicial de la memoria sobre los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros de la prestación del servicio del ciclo integral del agua mediante gestión indirecta a través de una concesión de gestión de servicios públicos.
