Según el último Informe de Morosidad del Ayuntamiento de Huelva del primer trimestre del año, existen 8.000 facturas pendientes de pago que suman 50 millones de euros, de las cuales, 6.711 de 41 millones de euros “están fuera del periodo legal de pago” y otras 1.052 por valor de más de 6,7 millones de euros “no tienen consignación presupuestaria”, es decir, “están en el cajón”.

Para los socialistas, este informe “certifica la llegada del tercer plan de pago a proveedores y sus correspondientes consecuencias para pagarlo que recaen en los ciudadanos”. El PSOE ha asegurado que los proveedores “tienen que cobrar” pero, para ello, “los ciudadanos ya pagan sus impuestos. El problema es que la nefasta gestión de este equipo de Gobierno obliga a los onubenses a pagar hasta dos y tres veces por los servicios”. Así, “si este alcalde atendiera las prioridades de la ciudadanía, no se acumularían facturas sin pagar en un cajón sin fondo”.

En este sentido, el Grupo Socialista ha recordado que “ya se ha pagado un primer plan de pago a proveedores con más de 82 millones de euros –más los intereses alcanzan a los 120 millones de euros- y que el PP aseguró que se liquidaba la deuda con los proveedores”; sin embargo, en el mes de abril “hemos vuelto a pagar otro plan de pago a proveedores de 10 millones de euros –cifra que asciende a 17 millones sumándole los intereses- y, según este último Informe de Morosidad, se apunta a otra deuda acumulada con proveedores de 50 millones de euros”.

“La irresponsabilidad e incompetencia del PP afecta a proveedores, que tardan una media de 263 días para cobrar por sus servicios, y a ciudadanos que están siendo machacados a impuestos”. Así, “lo más trágico -según señalan los socialistas- es que los esfuerzos de los vecinos de la capital van a seguir en aumento para pagar la estrepitosa deuda del PP”. Y es que, “la subida de impuestos y creación de nuevas tasas más los recortes en los servicios no están cumpliendo las expectativas del primer plan de ajuste”, según el interventor.

Asimismo, el segundo plan de pago, basado en la venta de patrimonio público de todos los onubenses, “volvería a recaer sobre los ciudadanos en caso de no cumplirse”; y en cuanto al tercero, próximo a llevarse a cabo, “el alcalde tendrá que decir cómo piensa afrontarlo teniendo en cuenta que los anteriores no están funcionando y que los ciudadanos ya no pueden pagar más”.