La Consejería de Fomento y Vivienda ha instado al Ayuntamiento de San Juan del Puerto, en Huelva, a seleccionar a través del registro municipal de demandantes a los adjudicatarios que reúnan las condiciones para ocupar las cinco VPO que posee la Junta de Andalucía en la localidad, de lo contrario se pondrán a disposición del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, con el fin de dar respuesta a las familias en riesgo de exclusión social que acuden a las oficinas contra los desahucios.
La delegada territorial de Fomento y Vivienda, María Villaverde, ha reiterado que “estas VPO están a disposición de las familias que las necesiten, por eso le solicita al Ayuntamiento, como responsable de gestionar el sistema de adjudicación, que realice propuestas de demandantes interesados en acceder en régimen de alquiler, que dada la actual situación de crisis se considera la mejor fórmula”.
Además, ha aclarado que la Junta de Andalucía está dispuesta a ajustar las rentas de arrendamiento si, tras recurrir al registro, se detectan problemas para obtener demandantes con condiciones económicas ajustadas a esos criterios de rentas de alquiler. “Nuestro principal objetivo es que estas casas cumplan con su función social y permitan a las familias que lo necesiten ejercer su derecho a una vivienda digna a precio razonable”, ha explicado Villaverde, que ha pedido al consistorio que “colabore con la administración autonómica en esta minoración de las cuotas de arrendamiento si fuera necesario”.
La delegada territorial de Fomento y Vivienda ha recordado que el pasado mes de marzo mantuvo una reunión con miembros del Consistorio de San Juan del Puerto en la que se trasladó a los representantes municipales que debían dar a conocer a la Junta los posibles aspirantes para la adjudicación de las cinco VPO, una petición que volvió a reiterar el pasado día 13 de abril mediante escrito dirigido al alcalde, al que se volvía a solicitar, como administración competente, la comunicación de demandantes.
María Villaverde ha asegurado que la propuesta de expropiación plan-teada por este Ayuntamiento “no tiene sustento social, ni viabilidad jurídica”, y únicamente responde a “una estrategia de confrontación institucional que tiene como único objetivo atacar al decreto de la función social de la vivienda y al resto de medidas que en los últimos meses ha aprobado el Gobierno andaluz para luchar contra la lacra de los desahucios”. “Cuando existen intereses de familias con claras carencias sociales y económicas, lo que debe hacer el alcalde es ofrecer colaboración y no sembrar confusión, utilizando la situación de desesperación en la que viven muchas familias”, ha indicado.
Estas cinco VPO no se integran dentro del parque público residencial de la Junta de Andalucía en San Juan del Puerto, sino que se trata de viviendas protegidas que la Consejería de Fomento adquirió en 2005 tras un procedi-miento de tanteo y retracto. Las VPO que pasaron a titularidad de la Adminis-tración autonómica sumaban 18, de las cuales una se adjudicó en régimen de venta y doce se destinaron al alquiler -siete están arrendadas por asociaciones sin ánimo de lucro y cinco a particulares inscritos en el registro municipal de demandantes-. En la actualidad, las cinco VPO restantes se encuentran a la espera de ser ocupadas, una vez que el Ayuntamiento de la localidad facilite el listado de posibles adjudicatarios.
