La presidenta de la plataforma SOS Bebés Robados de Huelva, Esperanza Ornedo, ha presentado este miércoles un recurso ante el Tribunal Constitucional por «indefensión judicial» en el caso de la propio Ornedo, que solicita la investigación de su hermana que pudo ser robada nada más nacer.

Según ha informado a Europa Press la propia Ornedo, se trata del segundo procedimiento judicial que acaba en el Tribunal Constitucional y se ha presentado en los Juzgados de Madrid con fecha de este miércoles el recurso porque considera que «han sido vulnerados sus derechos constitucionales» y espera «una respuesta positiva» de tan alta instancia.

En este sentido, ha explicado que la base del recurso recae en dos pilares: «la tutela judicial no aplicada en la instrucción de su procedimiento y la indefensión sufrida por no contemplarse una correcta tramitación del mismo».

Así, ha recordado que su caso fue el que recibió en abril de 2012 el apoyo de la Audiencia Provincial de Huelva, la cual ordenó reabrir el archivo sufrido por el Juzgado de Instrucción nº2 de esta capital.

Por tanto, estando Jesús Fernández Entralgo como presidente de la Audiencia Provincial de Huelva por aquel entonces «recibió el apoyo del mismo de forma contundente», pues obligaba al Juzgado que ordenó el cierre de la investigación que lo reabriera de nuevo y que llevara a cabo determinadas actuaciones, referidas a pruebas testificales y documentales.

Así las cosas, el Juzgado de Instrucción acató la decisión y decidió que «el único posible responsable de los hechos denunciados, el ginecólogo E. G. M. declare en los juzgados de Sevilla» en vez de hacerlo en presencia directa del Juez que en Huelva está llevando el caso, «demostrando con ello una absoluta desidia y falta de interés por dicha declaración».

La declaración del ginecólogo se realizó en Sevilla en septiembre de 2012, obligando a desplazarse al letrado de la Asociación hacia dicho Juzgado, «a pesar de haber reiterado su deseo de que declarase en Huelva, cosa que no se consiguió».

A su juicio, «lo más sorprendente del caso es que la jueza de Sevilla que por exhorto tomó declaración al ginecólogo apenas le hizo un par de preguntas y cuando le tocó el turno al letrado de la acusación particular se le negó expresamente su turno de preguntas».

«Sin una justa causa, la acusación particular se quedaba sin la posibilidad de preguntar al médico cuestiones tan importantes como el por qué firma la asistencia a un parto si la madre de Esperanza Ornedo parió sin ginecólogo, así como si estaba cualificado en esa época como ginecólogo (profesionalmente), si recuerda a personas que le asistieron esa noche, si llegó a firmar algún parte de defunción de otro profesional (médico o matrona) o sólo firmaba los que realmente comparecía», ha explicado la afectada.

Entre otras cuestiones, considera fundamental que se le hubiera preguntado «si tenía alguna explicación de por qué la madre manifiesta repetidamente que parió sola, que la niña salió entre sus piernas sin ayuda de nadie y que nació sana, y el parte de fallecimiento rellenado por él habla de una criatura abortiva de seis meses»

En definitiva, estima que son «preguntas muy razonables del único pilar de este procedimiento, cuya ausencia conlleva una brutal indefensión a esta parte».

Por ello, se tratan de «motivos de indefensión judicial y derecho a la tutela judicial efectiva que amparan el recurso de constitucionalidad» pesentado, y lo que pide es que «no se vulneren los derechos constitucionales de una ciudadana que sólo pretende conocer la verdad de lo que le ocurrió a su hermana».

Por último, ha señalado que «no entiende cómo el Juzgado de Instrucción nº2 de Huelva y el de Sevilla le cortan los pies impidiendo un derecho tan básico como el poder interrogar a un presunto responsable penal de los hechos denunciados». En concreto, ha asegurado que ese ginecólogo «aparece en otro caso de Sevilla», por lo que ha destacado que «sea en dos casos denunciados, uno en la provincia de Huelva y también en Sevilla».