El pasado 30 de junio, Correos anunció a bombo y platillo, un plan de desinversión inmobiliaria que conlleva la venta de 112 inmuebles de patrimonio público (solares, oficinas, locales comerciales, viviendas y edificios) en toda España por un total de casi 60.000 metros cuadrados y un valor de 36,46 millones de euros. En Huelva se verían afectados 5 locales. La compañía presentó la medida como una forma de obtener recursos que ayuden a financiar los 500 millones de inversión previstos para el desarrollo de su Plan de Acción 100, 300, 1.500.
CCOO, sindicato mayoritario en Correos, ha alertado sobre este programa de desinversiones inmobiliarias que “está siguiendo el mismo procedimiento que en otras empresas públicas (RTVE, RENFE, ADIF), con opacidad absoluta hacia los agentes sociales, dejando en manos de una consultora externa la gestión del proceso (por 750.000 euros más el 10% de lo que se venda), en un proceso rápido a culminar antes del 31 de enero de 2014, y bajo el argumento recurrente y no explicado de que se trata de activos no estratégicos, en desuso, o sin uso actual”.
CCOO ha denunciado la falta de transparencia absoluta en la decisión, lo que ha generado “una fuerte desconfianza, prevención y dudas en el colectivo postal sobre si lo que se está haciendo es una obtención y no una privatización parcial de los recursos del operador público”.
La medida, que se enmarca en un programa de mayo de 2012 aprobado e impulsado desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para “la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado” con el objetivo de reducir el déficit, se rige por valores economicistas de conseguir ingresos a corto plazo y deja de lado los valores que esos activos tienen en la prestación adecuada del servicio
