Tras las presiones mediáticas y ciudadanas el Ministerio de Justicia ha citado a los representantes de las asociaciones de Juzgados de Paz de España. José Morales, Juez de Paz de Hinojos y vocal de la provincia de Huelva ha representado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en esta cita y aunque confiesa estar contento tras el diálogo afirma que “el ojo lo mantienen en el punto de la diana”.
Juan Bravo Rivera, Subsecretario de Justicia, Ricardo Conde Díez, Director General de relaciones con la Administración de Justicia e Isabel Tarazona Lafarga, como Subdirectora General de organización y coordinación territorial de la Administración de Justicia, representaron al Ministerio en este encuentro y expusieron a los representantes de los Juzgados de Paz las pretensiones de la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Según nos confiesa José Morales, “la intención del Ministerio es economizar los costes de los Juzgados de Paz, pero se están equivocando y tras la reunión nos hemos dado cuenta que están muy desorientado, no son consciente del verdadero trabajo que se realiza en los Juzgados de Paz”, matiza el Juez de Paz de Hinojos. En los actualidad, los Juzgados de Paz están inmersos en edificios municipales y los Jueces de Paz reciben una gratificación trimestral entre 309€ y 402€ (en pueblos menores de 5.000habitantes) a pesar de ser un trabajo constante y con horario de atención al público diario.
Esta reforma se inició con el gobierno anterior, a principios de este año el Ministerio de Justicia publicó el borrador de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se planteaba la disolución de los Juzgados de Paz y la privatización del Registro Civil. En la actualidad el Ministerio continúa desarrollando el borrador pero lo que preveían poner en marcha en 2014 no se podrá abordar hasta dos años, como poco. En opinión del Juez de Paz de Hinojos, “el proyecto que ellos plantean no se podrá llevar a cabo -como mínimo- en seis años, puesto que entre tantas cosas quieren obtener la digitalización de los documentos y en la actualidad solo existe un 20% (aproximadamente) de los archivos digitalizados”.
La privatización de los Registros Civiles ha calado en la ciudadanía, sin embargo, el Ministerio de Justicia mantiene la idea de reducir las oficinas del Registro Civil de 7.680, con las que contamos en la actualidad a las 1.000 que anuncian. Un cambio que reducirá el servicio a un 13% y las oficinas se alejarán del ciudadano. Juan Bravo, subsecretario de Justicia, comentó en la reunión que la pretensión del Ministerio es llegar a suprimir la petición de certificaciones al ciudadano, siendo la Administración quien obligatoriamente deba cruzar datos para recabar la información precisa de otras Administraciones. De estas certificaciones, solo dos tendrían costes para el ciudadano, por una parte los expedientes de matrimonio -por 100€ aproximadamente- y por otra parte la adquisición de la nacionalidad, a lo que aún no han estimado un precio. En cuanto a las inscripciones de nacimiento, el Ministerio está intentando llegar a acuerdos con los Colegios Médicos a fin de que realicen las inscripciones gratuitamente. En este caso, tampoco se conoce la opinión de las clínicas privadas.
En cuanto a la desaparición de los Juzgados de Paz se pronunció el Director General de relaciones, Ricardo Conde Díez, afirmando que la Justicia de Paz es cara para el servicio que ofrece. Ante el planteamiento, los representantes de los Juzgados de Paz expresaron su honda preocupación y defendieron la figura del Juez de Paz como un elemento necesario en el Sistema de Justicia, incluso plantearon la duda de que el hecho de la desaparición sea constitucional.
Hasta el momento los ciudadanos españoles pueden seguir sintiendo la cercanía y la gratuidad de los Juzgados de Paz pero no sabemos hasta cuándo.
