La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha destacado que la futura Ley de Transparencia de Andalucía nace como una “oportunidad” para “recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en la gestión de lo público”. Díaz ha clausurado en Huelva la séptima Jornada Provincial sobre Transparencia Pública en Andalucía, en las que se presenta y debate el texto del anteproyecto, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 4 de junio

La consejera ha valorado el desarrollo de estas jornadas provinciales ya que, gracias a las aportaciones de los participantes en cada una de ellas, el “texto se está enriqueciendo”. En este sentido, ha señalado “había elementos que en el anteproyecto inicial no estaban contemplados y que, en el devenir de estas jornadas, se están incorporando”. Como ejemplo, se ha referido a que la norma “no contemplaba ningún elemento, ni ningún filtro de responsabilidad por parte de aquellos que custodian la información, y que garantizase el derecho de los ciudadanos a la información y ese elemento ha surgido en estas jornadas y ya hoy forma parte del texto que se está debatiendo y de cómo va a ser al final la solución que se le va a dar”.

En este sentido, Díaz ha subrayado el “carácter participativo y vivo” que tiene el proceso de elaboración de esta norma y ha avanzado que “el viernes 12 finaliza el plazo de exposición pública que se abrió para la presentación de alegaciones al texto”. Para la consejera, la manera en que se está creando la Ley de Transparencia “está marcando un antes y un después en la elaboración de los anteproyectos de ley del propio Gobierno andaluz”. Concretamente, ha citado la ley del Mecenazgo “que ya se ha sometido a un proceso de exposición pública como la ley de transparencia y a un proceso participativo similar”, ha explicado.

La consejera también ha señalado que la Ley de transparencia será la de mayor “trascendencia” de esta Legislatura” ya que va a “cambiar la cultura de la transparencia y va a marcar un antes y un después de las relaciones dentro de la propia administración y con los administrados”.

En su exposición, Díaz también ha calificado la norma como “valiente y ambiciosa” y además de su desarrollo “transparente y participativo, que marca una diferencia con la ley estatal”, ha destacado que “busca acabar con el falso mito de que lo privado es más rentable que lo público porque obliga a la transparencia tanto en los centros y servicios públicos como en los concertados”. En esta línea, ha argumentado que “esta ley se desarrolla bajo el convencimiento de que todo lo público es público”.

La consejera ha manifestado que, “si tuviese que resumir en una frase” como entiende esta ley, ha declarado que “es la oportunidad de abrir puertas y ventanas para que, con claridad y transparencia, los ciudadanos sepan cómo se gestionan los fondos públicos desde las instituciones y desde las entidades que también los reciben y tienen que dar cuenta de su gestión”.

En este punto, ha concluido que “mucha luz es la mejor vacuna contra la corrupción, que lamentablemente es uno de los elementos que está contribuyendo al descrédito de los ciudadanos en las instituciones”.

Finalmente, la consejera también ha querido recordar que, en Andalucía ya se ha recorrido un “importante camino en materia de transparencia” y que “cuestiones como que las declaraciones de bienes e ingresos de los altos cargos sean públicas, aquí no es noticia”.

Programa en Huelva

El encuentro, que se ha celebrado a Delegación Territorial de Educación de Huelva, ha contado con el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Fiscal, en la inauguración. Posteriormente, se han celebrado dos mesas redondas. La primera de ellas, ‘Transparencia y medios de comunicación’, ha contado con la participación de Inmaculada González, directora de Canal Sur en Huelva; Javier Chaparro, director de Huelva Información; Agustín Samaniego, director de El Periódico de Huelva; y el periodista José Eslava, en calidad de moderador.

La segunda mesa, bajo el título ‘Transparencia y sociedad civil’, ha estado compuesta por María del Carmen Núñez, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva; Óscar Toro, experto en movimiento asociativo; Begoña Mayoral, empresaria y consejera en Huelva de la Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales; y Antonio Lozano Peña, viceconsejero de la Presidencia e Igualdad como moderador.

De la mano de estos expertos, se quiere tomar el pulso de la opinión pública en cuanto al derecho de la ciudadanía a acceder a los documentos como garantía de integridad, eficacia, eficiencia y responsabilidad de las diferentes administraciones públicas.