No es difícil sacar las cosas de lugar y magnificarlas a pesar de que los acontecimientos tienen los tiempos y plazos marcados. El presidente de la Generalitat envía una carta al del gobierno español solicitando la convocatoria de un referéndum en el territorio catalán en el que se decidiría el estatus político que la mayoría de los electores catalanes participantes en la consulta decidiera. Es sabido que es potestad del primer ministro español convocar cualquier consulta y, hasta ahí, todo es correcto. Que el tema de la pregunta que se haría a los ciudadanos del principado es espinoso, también resulta obvio. Y es ahí donde está el meollo de la cuestión y la dificultad en que el gobierno central apruebe dicha demanda.
La amplia mayoría parlamentaria que apoya el derecho a decidir en Cataluña ha marcado sus propios vencimientos y va a ser muy complicado evitar que en el principado, el año que viene, no se realice, o al menos se convoque, una consulta con el fin explicado y acogiéndose a la Ley de Consultas catalana. No tendría carácter vinculante por lo que, jurídicamente, nacería muerte de necesidad. Otra cosa es que una participación masiva y favorable a la independencia pueda dejar a nadie impasible y no obligue a replanteamientos sobre el encaje de Cataluña dentro del Estado español.
Hasta llegar aquí se han cometido gravísimos errores dentro y fuera de Cataluña. Los gobiernos tripartitos (PSOE, ER e IC) no solo han arruinado la economía del país, sino que en su afán de ser más nacionalistas que nadie, radicalizaron necesariamente la posición de CiU. Desde Madrid, por su parte, la casi imposición de revisión de los estatutos de autonomía propugnada por Zapatero supuso la mayor torpeza en ese campo que se ha dado en España en décadas. En concreto, en Cataluña –yo estaba allí en los tiempos del referéndum para la reforma, de igual modo que lo estoy ahora-, se exaltaron los ánimos contra el PP por no apoyarla y llevarla al constitucional e incidieron en una población que no quería saber nada del asunto. Y ahí está el resultado: poco más del 50 por ciento de participación. Cuando aquel Estatuto salió reformado del Congreso de los Diputados todo apuntaba a importantes aspectos claramente inconstitucionales, pero como no existía la suspensión cautelar de las leyes mientras estas estuviesen en ese tribunal, las normas incluidas en la Ley catalana se fueron desarrollando y los habitantes de Cataluña se fueron acostumbrando a esas nuevas disposiciones. Hete aquí que a los tres años, el constitucional enmienda ampliamente la plana a los redactores del Estatuto y Cataluña se conmociona viendo como una ley de leyes para ellos es cercenada después de haber sido plebiscitada. ¿Cómo podía el Tribunal Constitucional recortar una ley aprobada por el pueblo de Cataluña, máxima expresión democrática participativa en el territorio de Cataluña.
Y por eso estamos aquí. Cuando Artur Más quiso hablar con el presiente del gobierno sobre el pacto fiscal, éste, arropado con la toga de la mayoría absoluta, se negó casi a oír la propuesta. Y otra vez un problema añadido. El gobierno de Cataluña decidió, por su cuenta y riesgo, comenzar un proceso que para ellos llevará a la independencia y que desde mi punto de vista supondrá una situación complicada y de difícil solución. No podemos decir, por otra parte, que los españoles pagan a los funcionarios de Cataluña o que mantienen las embajadas o las televisiones catalanas. Este es un planteamiento irreal cuando en España hay comunidades que tienen que ser financiadas casi al 100 por cien porque prácticamente no producen nada. Y eso que sí es pagado por los contribuyentes del Estado, incluidos los catalanes y su alto PIB, no es motivo de queja de nadie. Seamos justos: Cataluña tiene derecho, como cualquier otra comunidad que desee tenerlo y tenga capacidad para ello, un concierto similar al vasco o al navarro, En cuanto al derecho a decidir no está en la Constitución del 78, norma pactada con el franquismo y que ya no sirve para casi nada. Un proceso constituyente es necesario en España para refundar el Estado y permitir que cada uno alcance sus objetivos dentro de un marco federal pero, eso sí, que la cuestión competencial quede definitivamente cerrada y en concreto los catalanes se vean resarcidos de la nefasta actuación de Felipe V, el l primer Borbón (posteriormente todos serían más o menos igual de nefastos para España), allá por 1714.