La organización Ecologistas en Acción ha presentado una decena de alegaciones contra del proyecto de Centro de Aviones No Tripulados, que se va a ubicar en el término municipal de Moguer (Huelva), promovido por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y el propio Ayuntamiento moguereño, que cede los terrenos.
Entre las mismas, según ha informado la propia organización en un comunicado, Ecologistas en Acción destaca que en el Estudio de Impacto Ambiental aparece esta zona como «fuera del área de distribución del Lince Ibérico», basándose en los estudios del programa Life del lince, pero a la organización le parece «aventurado considerar como cierta tal cuestión pues el lugar se encuentra en zona de tránsito y dispersión de la especie y varias parejas se encuentran en su entorno desde hace años».
También reseñan que se minimiza el impacto que producirán los vuelos de prueba sobre las rapaces de la zona, indicando además que uno de los impactos «más graves es el de la circulación de vehículos por las dos pistas forestales que lo rodean, que no carreteras», y consideran que «durante la construcción de las instalaciones y después durante su uso motivarán un aumento muy significativo del tránsito de vehículos a motor procedentes de Moguer y Mazagón, lo que constituye una grave amenaza para los mamíferos de este monte público.
A su vez, se encuentra el hecho de que la declaración de Utilidad Pública necesaria para descatalogar las 75 hectáreas del Monte Público del Grupo Ordenados de Moguer «no se justifica al ser la actividad secundaria y consistir en la prueba de los aparatos que se fabricará en otros lugares».
Desde la organización aseguran que esta parcela sufrió un incendio hace pocos años y alegan que, según la normativa vigente, «no se pueden transformar su uso ni estado administrativo» al encontrarse «degradado», constituyendo esto «un peligroso argumento que llevaría a la desafección de extensos lugares de montes públicos que han sufrido incendios, ocupaciones o roturaciones ilegales.
A favor de esta alegación, recuerdan que la Oficia del Defensor del Pueblo Andaluz afirma en reciente resolución, atendiendo a la legalidad vigente, que «la constatación de que unos terrenos forestales se encuentran degradados debe urgir a la Consejería de Medio Ambiente a tomar medidas inmediatas para su recuperación, planteándose incluso la reforestación de los mismos. Lo contrario, no sería sino contravenir el mandato legal, que es de obligado cumplimiento».
De igual forma, los ecologistas creen que la superficie elegida está considerada como ‘Zona A’ dentro del POTAD, por lo que, según indican, «no está permitida su transformación ni su utilización para otros fines que no sean los forestales».
Asimismo, señalan desde la organización ecologista que se elude el impacto que este tráfico rodado, hasta ahora casi inexistente, tendrá sobre la población de anfibios y reptiles del lugar en épocas de dispersión y en sus territorios habituales.
Otra de las alegaciones es la ubicación de este en centro en cualquiera de las instalaciones que posee el Ministerio de Defensa en otros lugares de la región, indicando además que «no se contemplan medidas compensatorias para el territorio de la comarca de Doñana».
Por último, indican que todo lo anterior «da una idea de lo desafortunado de la elección de esta zona», por lo que solicitan que estos argumentos sean tenidos en cuenta para desechar la citada instalación en zona forestal en el entorno de Doñana.
