Una joven de 25 años, cuya madre murió por un cáncer de pulmón y era fumadora desde hacía varios años, se ha sumado a las denuncias promovidas por el abogado sevillano Fernando Osuna contra diversas autoridades sanitarias, a las que acusa de «pasividad y negligencia» en el control del tabaco y de no impedir que se introduzcan en los cigarrillos sustancias que son mortales, además de no informar supuestamente a los consumidores de los efectos perjudiciales y la nocividad del tabaco.

Osuna, que representa a la hija de una mujer onubense a la que se le acreditó que murió debido al tabaco y cuyo abuelo materno también murió de cáncer de pulmón con 33 años, ha anunciado a Europa Press que remitirá esta denuncia ante el Juzgado de Guardia de Huelva «en menos de 15 días», con lo que se sumará a las planteadas por otros afectados en diferentes provincias españolas.

Entre ellas figura la denuncia de la familia de una mujer madrileña que falleció en 2010 a causa de un cáncer de pulmón supuestamente provocado por el consumo de tabaco, y que fue interpuesta el pasado 13 de agosto ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Madrid, ya que la familia vive en esta comunidad.

Según la tesis de Osuna, «las autoridades sanitarias actúan de forma negligente por permitir que se introduzcan muchas sustancias nocivas y adictivas» en los cigarrillos, ya que recuerda que forma parte de las funciones del Ministerio de Sanidad el «velar por la salud de los españoles, especialmente la de los menores al ser los más vulnerables y los que más fácilmente pueden caer en esta adicción».

EL ESTADO DA PRIMACÍA AL EFECTO RECAUDATORIO DEL TABACO

El abogado estima que, para los familiares de afectados por el hábito del tabaco, es «intolerable» que el Estado «mire hacia otro lado en un asunto de tanta repercusión social y sanitaria, dando así primacía al efecto recaudatorio del tabaco por encima de la salud de los españoles, máxime cuando es por todos conocidos que alrededor del 80 por ciento del precio del tabaco corresponden a impuestos».

Asimismo, el letrado entiende que las autoridades sanitarias se olvidan «de los cuantiosos gastos que acarrea el tabaquismo a las diferentes administraciones públicas y, lo que es más grave, las numerosas vidas que arrebata el tabaco cada año fundamentalmente por diferentes enfermedades cancerígenas, cardiovasculares y respiratorias».

Fernando Osuna asegura que estos familiares «están decididos» a iniciar una «ardua batalla» en los tribunales para que «de una vez por todas se tomen medidas en este asunto y se ponga así el punto y final a esta lacra social que es el tabaquismo». Las denuncias se dirigen contra tres cargos estatales en concreto, como el secretario general de Sanidad y Consumo; el director general de Salud Pública, Calidad e Innovación; el presidente para el Comisionado del Mercado de Tabaco; así como contra «los demás cargos responsables por razón de sus funciones».