A instancia de la demanda presentada por la Central Sindical independiente y de Funcionarios (CSIF), el juzgado número 1 de lo contencioso administrativo de Huelva ha declarado nulo el capítulo I del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Ayamonte correspondiente al ejercicio 2009 así como la plantilla de personal al considerar que durante su elaboración y desarrollo no fue sometido al “preceptivo proceso de negociación con los sindicatos” tal y como exige la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
El magistrado juez titular de ese órgano judicial fundamenta su sentencia en diversa jurisprudencia de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) relacionada con la aprobación de los presupuestos y plantillas en el consistorio ayamontino. Y es que ese Alto Tribunal declaró también nulos los presupuestos de los años 2004, 2005, 2006 y 2007 por los mismos motivos. Ahora le ha tocado el turno al ejercicio 2009, el único elevado a pleno por el actual alcalde Antonio Rodríguez Castillo (durante su primera legislatura).
El sindicato explica, en este sentido, que la situación económica de los últimos años “hacía aún más necesaria la elaboración y aprobación de los presupuestos municipales”, algo a lo que todas las administraciones locales están obligadas según la ley de las Haciendas Locales para garantizar la estabilidad presupuestaria, es decir, el equilibrio entre ingresos y gastos. Esta ley también determina que en los ayuntamientos corresponde a los alcaldes impulsar la elaboración de los presupuestos así como su debate en el seno del equipo de gobierno y del pleno así como realizar el seguimiento de la gestión económica
Sin embargo, según la Central Sindical, en los cinco años transcurridos entre 2008 y 2012 solo se elevó y aprobó el presupuesto municipal de 2009 (ahora declarado nulo) que fue liquidado con un déficit de 5.030.926,84 euros. Pese a este dato que reflejaba el desequilibrio en las cuentas, el presupuesto fue prorrogado durante 2010, 2011 y 2012 “obviándose la situación económica y el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria”.
Deuda acumulada
Las deuda acumulada durante ese tiempo condujo a que en marzo de 2012 el pleno del ayuntamiento de Ayamonte aprobase un plan de pago a proveedores por valor de 28,5 millones de euros que se sumaba a la deuda que el consistorio tenía ya contraída con entidades financieras y que superaba los 10 millones. Por ello, el pasado viernes 27 de septiembre -recuerda CSIF- el pleno rechazó la adhesión a un tercer plan de pago por una cuantía que superaba los 6,8 millones de euros “obligados por el alarmante déficit de las arcas municipales”.
Finalmente, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios afirma que “la inexistencia de una política económica y presupuestaria del alcalde y su equipo de gobierno ha llevado a la situación actual cuyas víctimas están resultando ser finalmente no sólo los ciudadanos -con incremento de tasas e impuestos municipales- sino también los trabajadores del consistorio que se ven perjudicados con atrasos, fraccionamiento del pago de sus nóminas o incluso el impago hasta la fecha de la paga extraordinaria del mes de junio”.
