Izquierda Unida defenderá en el próximo pleno de la Diputación una iniciativa en la que pide el respaldo de la institución provincial al Anteproyecto de Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria sobre la vivienda que ha aprobado la Junta de Andalucía. El portavoz de IU en la Diputación, Rafael Sánchez, explica que además reclamamos con esta moción que se facilite a los ayuntamientos de la provincia la puesta en marcha de los procesos colaborativos necesarios para las tareas de información a la ciudadanía y de mediación en los conflictos y asesoramiento, así como que la propia Diputación canalice la defensa de los usuarios a través del servicio de consumo de la Junta de Andalucía.
El Anteproyecto de Ley de protección de los derechos de las personas usuarias de hipotecas sobre vivienda inició su tramitación el pasado 17 de septiembre por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a iniciativa de la Dirección General de Consumo, consistiendo en una medida legal destinada a evitar los abusos en la contratación de préstamos hipotecarios.
Sánchez explica que se trata de una norma pionera en España, que refuerza las garantías para quienes suscriban créditos para adquirir viviendas, amplía la transparencia, protege a los avalistas y obliga a notarios y registradores a informar de posibles excesos que perjudican a los usuarios para poder evitarlos.
Desde Izquierda Unida se está apostando por desarrollar hasta el último resquicio normativo que se encuentre en el Estatuto de Autonomía en defensa de la mayoría social, en general y en aquellos que tienen problemas para acceder a una vivienda, en particular. De ahí, surge este anteproyecto cuyos objetivos se enmarcan en la protección de las personas consumidoras y usuarias en las fases previas del proceso de contratación del préstamo o crédito hipotecario, reforzando la posición de aquellas en este tipo de productos, regulando el deber de información y documentación de los operadores implicados durante todo el trámite contractual.
Se convierte en el anteproyecto de Ley más garantista ya que supera el nivel mínimo de protección establecido en la normativa estatal reguladora de esta materia y porque tiene en cuenta la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo sobre los contratos de créditos relativos a los bienes inmuebles de uso residencial.
Las medidas que incluye el anteproyecto de Ley reconoce a la persona avalista como sujeto protegido, garantiza la suministración de todas y aquellas explicaciones necesarias para los usuarios, aumenta la información precontractual y establece la obligación a notarios y registradores de la propiedad de comprobar que el proyecto de escritura pública no contiene cláusulas abusivas.
