El Grupo Popular de la Diputación Provincial de Huelva ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno de la institución con el objetivo de que la institución, gobernada por el PSOE, emule a las diputaciones de las provincias de Málaga, Almería, Cádiz y Granada, cuyo recurso contra el Decreto del Litoral de la Junta de Andalucía ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
Como ha señalado el portavoz del PP de Huelva en la Diputación y secretario general del PP de Huelva, Guillermo García Longoria, “esperamos que la Diputación de Huelva siga los pasos de estas otras cuatro diputaciones porque el decreto de la Junta de Andalucía es un auténtico misil contra la línea de flotación de muchos ayuntamientos onubenses”.
En este sentido, ha señalado que cuando se aceptó este recurso “ya emplazamos al presidente de la Diputación a que presentara este recurso, y ante su silencio, vamos a llevar esta petición para que sea el Pleno el que obligue a Ignacio Caraballo a recurrir la que es una mala medida para la provincia de Huelva”
“El deber de la Diputación es velar por el interés de los municipios onubenses, y está claro que para defender esos intereses debe aliñarse con ellos”, ha añadido el popular.
En este sentido, el portavoz del PP ha afirmado que este decreto del formulado por PSOE e IU “persigue a los ayuntamientos, invade las competencias municipales y limita el crecimiento de la costa onubense ahuyentando futuras inversiones generadoras de riqueza y empleo”.
Asimismo, el dirigente popular ha asegurado que este plan “no va a traer más protección ni mejora del litoral sino inseguridad jurídica, incertidumbre y desempleo y por eso el PP lo ha recurrido, porque estamos del lado de los municipios”.
García Longoria, igualmente, ha manifestado que “si la intención del Gobierno andaluz hubiera sido proteger el litoral hubiera buscado el consenso con los ayuntamientos, que deben ser los protagonistas del desarrollo urbanístico de sus municipios”.
Por último, ha señalado que “en tiempos de crisis, lo último que tiene que hacer el Gobierno andaluz es convertirse en un obstáculo para el crecimiento de los pueblos de esta provincia porque el turismo es uno de los motores económicos y un sector clave en el empleo de esta provincia, al que ahora la Junta decide atacar”.
