El Partido Popular de Huelva ha presentado hoy alegaciones al decreto de protección del litoral promulgado por la Junta de Andalucía al considerarlo un “misil” contra los ayuntamientos y municipios costeros de la provincia de Huelva. Hasta la Delegación del Gobierno andaluz se han desplazado hoy a presentar dichas alegaciones el presidente del PP de Huelva y secretario de la Mesa del Parlamento, Manuel Andrés González, y alcaldes y portavoces del PP de los municipios de Lepe, Isla Cristina, Cartaya, Ayamonte, Moguer o Palos de la Frontera.
Como ha señalado González en declaraciones a los medios de comunicación, este decreto del “bipartito de la ruina” “se ha gestado de espaldas a los ayuntamientos a los que persigue, invade sus competencias y limita el crecimiento de la costa onubense ahuyentando futuras inversiones generadoras de riqueza y empleo”.
Asimismo, el dirigente popular ha asegurado que este plan “no va a traer más protección ni mejora del litoral sino inseguridad jurídica, incertidumbre y desempleo y por eso el PP lo ha recurrido, porque estamos del lado de los municipios”.
Del mismo modo, ha contrapuesto los efectos negativos de este decreto con la nueva Ley de Costas aprobada por el Gobierno central “que sí compatibiliza la protección del litoral con el desarrollo sostenible de los municipios y la defensa del empleo. En este sentido, ha citado que esta Ley “por ejemplo, da seguridad jurídica a más de 70 chiringuitos de la Costa onubense que generan 1.000 puestos de trabajo, unos establecimiento y empleos a los que el decreto de la Junta hora da inseguridad”.
González, igualmente, ha manifestado que “si la intención del Gobierno andaluz hubiera sido proteger el litoral hubiera buscado el consenso con los ayuntamientos, que deben ser los protagonistas del desarrollo urbanístico de sus municipios”, al tiempo que ha señalado que “en tiempos de crisis, lo último que tienen que hacer el Gobierno andaluz es convertirse en un obstáculo para el crecimiento de los pueblos de esta provincia porque el turismo es uno de los motores económicos de esta provincia, al que ahora la Junta decide atacar”.
Por otro lado, ha vuelto a exigir a la Diputación Provincial de Huelva que se una a las diputaciones de las provincias de Málaga, Almería, Cádiz y Granada, cuyo recurso contra el Decreto del Litoral de la Junta de Andalucía ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
Como ha señalado González, “el deber de la Diputación es velar por el interés de los municipios onubenses, y está claro que para defender esos intereses debe aliarse con ellos y no darles la espalda como ha hecho el presidente de la Diputación, el socialista Ignacio Caraballo”, ha añadido el popular.
