El Partido Popular de Huelva y la Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva (AECO), organización integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), han pedido hoy a la Junta de Andalucía la “retirada” del decreto de protección del litoral promulgado por la Gobierno andaluz al considerarlo un freno al desarrollo socioeconómico de la provincia de Huelva.
Para ambas organizaciones, este decreto constituye, además, un elemento de inseguridad jurídica para miles de viviendas de la provincia, unas 12.000, y un ataque al empleo. Como ha expresado tanto el presidente del PP y secretario de la Mesa del Parlamento, Manuel Andrés González, como el presidente de AECO, Javier Mateos, esta nueva normativa de la Junta “limita el crecimiento de la costa onubense ahuyentando futuras inversiones generadoras de riqueza y empleo”.
Para Mateos, además, el decreto de protección del litoral auspiciado por el gobierno andaluz, formado por PSOE e IU, supone también un obstáculo más para el sector de la construcción, generador de empleo y riqueza en Huelva, que en los últimos años se ha visto especialmente sacudido por la crisis.
Mateos ha denunciado que se estima absolutamente innecesaria esta figura pues los Planes Subregionales de Ordenación del Territorio ya regulan y ordenan la estructura territorial de espacios menores en todo el litoral de Andalucía, al tiempo que se cuestiona si realmente es necesario, tras veinte años de planes de ordenación territorial y urbanística tramitados y aprobados por los mismos Servicios de Ordenación del Territorio, un nuevo instrumento de ordenación territorial que complete o sustituya a los ya previstos en la LOTA y que se han ido aprobando en los últimos años.
Por su parte, el dirigente popular ha asegurado que este plan “no va a traer más protección ni mejora del litoral sino inseguridad jurídica, incertidumbre y desempleo y por eso el PP lo ha recurrido, como partido y en cuatro de las diputaciones provinciales donde gobernamos, porque estamos del lado de los municipios”.
Del mismo modo, el presidente del PP y secretario de la Mesa del Parlamento ha contrapuesto los efectos negativos de este decreto con la nueva Ley de Costas aprobada por el Gobierno central “que sí compatibiliza la protección del litoral con el desarrollo sostenible de los municipios y la defensa del empleo. En este sentido, ha citado que esta Ley “por ejemplo, da seguridad jurídica a más de 70 chiringuitos de la Costa onubense que generan 1.000 puestos de trabajo, unos establecimiento y empleos a los que el decreto de la Junta hora da inseguridad”.
González, igualmente, ha manifestado que “si la intención del Gobierno andaluz hubiera sido proteger el litoral hubiera buscado el consenso con los ayuntamientos, que deben ser los protagonistas del desarrollo urbanístico de sus municipios”, al tiempo que ha señalado que “en tiempos de crisis, lo último que tienen que hacer el Gobierno andaluz es convertirse en un obstáculo para el crecimiento de los pueblos de esta provincia porque el turismo es uno de los motores económicos de esta provincia, al que ahora la Junta decide atacar”.
